Provea
La coordinadora de investigación de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Lissette González (c). EFE/Captura de video

La ONG Provea denunció que el Estado «abandonó abiertamente sus obligaciones» en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y que ha habido, según la organización, una «sistemática violación de los derechos a la asociación, manifestación y expresión».

«En Venezuela se ha impuesto el empeño gubernamental de consolidar un modelo económico divorciado de los intereses populares, sostenido por la corrupción, la opacidad y el favorecimiento de economías criminales de diversas procedencias», dijo la ONG en X.

A su juicio, la adopción de medidas «antipopulares y antidemocráticas» ha «erosionado la garantía de los derechos sociales y hace ilusoria la posibilidad de superar la crisis en el menor tiempo posible».

«La agudización de la crisis y la ausencia de respuestas para superarla obedece, fundamentalmente, al cierre de los espacios democráticos y la extinción del Estado de derecho», expresó Provea.

Provea: negar el derecho a la democracia y bienestar

La organización no gubernamental advirtió que «negar» a las personas «el derecho humano a la democracia y al bienestar» y «reprimir a quien reclame estos principios básicos es un delito contra los DD.HH.».

Por tanto, agregó, «solo en democracia se podrá garantizar que las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas sean escuchadas».

El pasado jueves, un grupo de 49 países, más la Unión Europea (UE), firmaron una declaración conjunta en Naciones Unidas para pedir «restablecer las normas democráticas en Venezuela», aunque no incluyó un llamamiento concreto a la ONU para que intervenga en la crisis.

Los firmantes recuerdan que «es hora de que los venezolanos comiencen discusiones constructivas e inclusivas para resolver el ‘impasse’ electoral», en alusión a los comicios presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados oficiales, que otorgan la victoria al mandatario Nicolás Maduro, no los reconoce por gran parte de la comunidad internacional.

Asimismo, esos países se dicen «gravemente preocupados por las denuncias de violaciones a los derechos humanos».

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