Las organizaciones Programa Venezolano de Promoción de los Derechos Indígenas “Wayamoutheri”, Provea y la coalición Odevida denunciaron que los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela se encuentran en una situación de grave riesgo físico y material, como consecuencia del avance del extractivismo legal e ilegal y del incumplimiento de las obligaciones del Estado.
Así lo revela el informe especial Pueblos y liderazgos indígenas en grave riesgo, que documenta las amenazas y vulneraciones sufridas por las comunidades originarias entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. El documento señala que estos pueblos enfrentan una progresiva pérdida de sus condiciones de vida, lo que ha generado desplazamientos forzados hacia países vecinos como Colombia y Brasil, refiere la ONG a través de un comunicado de prensa.
El deterioro en las condiciones culturales e identitarias, la pobreza creciente, la falta de acceso a servicios de salud y la discriminación estructural están obligando a muchas familias indígenas a abandonar sus territorios ancestrales”, se advierte en el informe de Provea.
La situación sanitaria es particularmente alarmante en regiones como el Alto Orinoco, en el estado Amazonas. Las organizaciones reportan un incremento exponencial en enfermedades como paludismo y tuberculosis, asociadas a la expansión de actividades mineras. Las propias comunidades han alertado sobre el aumento de casos y elevados índices de mortalidad, sin que exista una respuesta adecuada por parte del Estado venezolano.
El informe concluye que la supervivencia de los pueblos indígenas está amenazada por una combinación de factores que exige atención inmediata, entre ellos, la defensa de sus territorios, el respeto a sus derechos y el cese de la minería indiscriminada.
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