El coordinador general de la ONG Provea Oscar Murillo habla durante una rueda de prensa este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) documentó un total de 120 dirigentes sindicales detenidos «arbitrariamente» entre 2013 y 2023, de acuerdo con su informe anual presentado este martes.

«En este periodo, 120 dirigentes sindicales han sido detenidos (…) 3.479 trabajadores han sido amenazados, estos son los que han tenido el coraje de levantar la voz, son muchos los que a diario son hostigados y amenazados, incluso por colocar una actualización en sus estados de Whatsapp», dijo el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, en la presentación del informe.

Asimismo, dijo que esa es la realidad actual de muchos de los empleados públicos y de empresas estratégicas de Venezuela, «donde hay una sistemática persecución».

Provea, de acuerdo a su informe, documentó, al menos, 27.000 protestas por reivindicaciones laborales entre 2013 y 2023.

Sostuvo que la situación de los derechos laborales en la nación caribeña sigue signada por la «pérdida de la capacidad adquisitiva, la precariedad y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores venezolanos».

Desigualdad

Durante 2023, prosiguió, el Gobierno venezolano no decretó un aumento de salario y «continuó con su política de bonificaciones sin incidencia en las prestaciones sociales, pensiones u otros beneficios».

«La desigualdad en todas sus formas se afianzó como una constante de la realidad venezolana, afectando principalmente a los sectores vulnerables: mujeres, jubilados, niños, niñas y adolescentes», añadió.

Ante esto, Provea pidió al Gobierno tomar medidas «eficaces y urgentes» contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, «corrigiendo las políticas lesivas al derecho a un salario suficiente que afecten la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales de los trabajadores».

Igualmente, exigió que se respeten los derechos colectivos del trabajo, en especial, el derecho a la negociación colectiva, de huelga, manifestación pacífica, así como el de libertad de asociación y reunión.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo y la pensión se mantienen en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares y hoy 3,5 dólares por la devaluación de la moneda local, lo que significa que se han reducido un 88 % en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.

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