El observatorio medioambiental Proyecto EPA, de la ONG Fundaredes, dijo que el Estado un «complaciente» en la práctica de la minería ilegal, de la que forma parte la mina ‘Bulla Loca’, donde, la pasada semana, al menos 16 personas perdieron la vida por un derrumbe.

Según manifestó la organización a través de X, el Estado ha permitido que «los grupos armados irregulares controlen y exploten las minas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o sanciones efectivas», en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde se produjo el reciente derrumbe.

Proyecto EPA: minería ilegal amenaza al ambiente

Proyecto EPA aseguró que la minería ilegal en esta zona «representa una grave amenaza para la reserva natural más importante del país», y subrayó que «su práctica descontrolada conlleva la deforestación, contaminación de fuentes hídricas, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad».

Estos impactos —insistió— «no solo afectan al medio ambiente, sino también a las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su sustento, (…) además de someter a trabajos forzosos y esclavitud moderna a quienes laboran en esos espacios, vulnerando por omisión el derecho a la vida, el trabajo, la salud y seguridad personal».

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