Caracas. Las detenciones, los bloqueos de la Policía para impedir protestas universitarias, las denuncias de torturas, la muerte de jóvenes y hasta la migración son elementos que han golpeado al movimiento estudiantil venezolano que busca mantenerse a la vanguardia de la lucha por los cambios en su país.
Así lo demostró el pasado 21 de noviembre cuando protestó contra el Gobierno de Nicolás Maduro y planeaba marchar hasta el Ministerio de Defensa para pedir a los militares «defender» la Constitución ante lo que consideran un sistema totalitario.
La convocatoria no fue multitudinaria como antaño, pero sí hubo pequeñas manifestaciones en distintas universidades del país donde pudo expresarse que la falta de asistencia estaba motivada por asuntos relacionados a la crisis como la migración o la deserción estudiantil.
Se cuentan por centenas los estudiantes que han sido detenidos durante la gestión de Maduro, y solo en 2014, cuando enfrentó la primera ola de manifestaciones contra su Gobierno, hubo más de 100 arrestos de jóvenes, según cifras de la ONG Foro Penal.
En ese mismo año se contabilizó la muerte de más 40 personas, y entre los casos que más conmovieron al país estuvo, por ejemplo, el de Génesis Carmona, una joven estudiante y modelo de 23 años que recibió un disparo en la cabeza.
UN MOVIMIENTO HISTÓRICO
Los estudiantes universitarios han sido el catalizador de cambios sociales y políticos en Venezuela desde 1928, cuando el país vivió su dictadura más larga hasta el momento, la de Juan Vicente Gómez, por un período de 27 años.
Además de esa gesta, destaca la generación de 1958 y los movimientos que surgieron durante el período de alternancia en el poder del partido democristiano Copei y el socialdemócrata Acción Democrática (AD) hasta 1998 cuando el fallecido expresidente Hugo Chávez ganó su primera elección.
A Chávez le tocó enfrentar el movimiento estudiantil de 2007, cuya bandera fue la libertad de expresión por el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) y para ese entonces fue encabezado por quienes hoy son importantes líderes políticos como el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.
2014: A LA CABEZA DE LAS MANIFESTACIONES
Según sus propias denuncias, muchos de ellos fueron torturados, encarcelados e, incluso, forzados al exilio como ocurrió en junio de 2018 con Vilca Fernandez, un ex líder estudiantil que estuvo detenido más de dos años bajo acusaciones de «instigación al odio y difusión de información falsa».
Su detención ocurrió luego de haber escrito un tuit en el que aseguraba que el considerado número dos del chavismo Diosdado Cabello tenía «los días contados en el poder».
Fernández, denunció la oposición venezolana en junio de 2018, fue desterrado a Perú como condición para recibir una medida de excarcelación.
Otros líderes estudiantiles fueron puestos tras las rejas por llamar a manifestaciones como el caso de la joven Sairam Rivas, detenida en 2014, cuando en el país se presentó una ola de protestas antigubernamentales encabezadas por el dirigente Leopoldo López y la exdiputada María Corina Machado.
Los universitarios dieron un espaldarazo a López y Machado y cobraron protagonismo al instalar campamentos en algunas plazas de Caracas como una forma de mantenerse firmes en las calles y protestar contra la llamada revolución bolivariana.
Rivas recordó, en una conversación con EFE, que estuvo detenida por «instigación pública» durante cuatro meses, y al día de hoy aún debe presentarse periódicamente ante los tribunales.
«Resultamos injustamente detenidos, después que teníamos 40 días en esos campamentos y vivimos en carne propia lo que fue la falta de institucionalidad en un país, lo que fue estar ya en una dictadura abierta, vivimos cómo se violan los derechos humanos (…) vimos lo que fue la siembra de evidencia», recuerda Rivas.
Las autoridades acusaron a más de 40 personas de poseer drogas, material explosivo y armamento en esos campamentos, algo que Rivas niega porque, objeta, «eran públicos, iba la sociedad civil».
Durante su permanencia en la cárcel, fue, según relata, víctima de «tortura psicológica» pues la amenazaban con trasladarla a «La Tumba», como se conoce a unos sótanos del Servicio de Inteligencia donde algunos exprisioneros aseguran que vivieron abusos y agresiones físicas.
Rivas, hoy de 26 años, y a punto de graduarse como trabajadora social, reconoce que el movimiento estudiantil se ha visto golpeado por la «represión tan grande» del Gobierno.
«Tenemos muchos jóvenes que murieron en este proceso», señaló sin dejar de destacar que la «migración tan grande» de venezolanos y la crisis también les ha afectado.
El presidente de la Federación de Centros Universitario (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), David Sosa, señaló, incluso, que se ha encontrado en su recorrido por universidades del país una deserción estudiantil de más de 70 % en algunos centros.
2017: UNA PRESENCIA ACTIVA, PERO NO DESTACADA
En las manifestaciones de 2017 también formaron parte, pero no fueron los protagonistas de las protestas en las que el país volvió a sentir las muertes de más 120 personas, entre ellas la del joven Juan Pablo Pernalete, de 20 años, que marcó las protestas luego de morir por el impacto de una bomba lacrimógena.
El caso de David Vallenilla, de 22 años, también causó conmoción luego de que un militar le disparara en una protesta, y el más joven Neomar Lander, de 17 años, y quien perdió la vida al estallarle un artefacto casero que iba a usar para atacar a las fuerzas de seguridad, según la versión del Gobierno.
«PREPÁRENSE»
Aunque el movimiento estudiantil parece pasivo en este momento, en realidad se está organizando, aseguró el presidente de la FCU-UCV, para enfrentar una sentencia que consideran ilegal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para renovar las autoridades universitarias el próximo año.
El TSJ pide renovar las autoridades de nueve universidades, pero ni los estudiantes ni los rectores, están de acuerdo con las reglas establecidas por el Supremo, pues aseguran «viola» la Ley de Universidades en su artículo 109 por el cual se señala que los profesores y estudiantes son los responsables de elegir a las autoridades.
Pero el Supremo establece que en las elecciones también debe participar el personal administrativo y obrero, y les ordena realizar las elecciones antes del 27 de febrero próximo.
Sosa, que también ha estado dos veces detenido acusado de «terrorismo», advirtió que los estudiantes se preparan para dar una respuesta contundente a nivel nacional, aunque no ofreció detalles.
EFE
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