Luxemburgo. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dejó este martes vista para sentencia la petición de varios socios franceses del Barcelona para que les consideren como «parte interesada» y, por lo tanto, les den legitimidad para poder denunciar una supuesta ayuda de Estado ilegal de Francia al Paris Saint-Germain (PSG) que, según ellos, contribuyó al fichaje de Lionel Messi en 2021.

En declaraciones a EFE tras la celebración de la vista oral del caso en el tribunal de Luxemburgo, el abogado de los denunciantes, Juan Branco, aseguró que a partir de esta demanda aspiran a «cambiar las reglas del fútbol europeo».

Antes, deberá convencer al TGUE de que sus clientes, un socio francés del Barcelona conocido por las siglas WA y la Penya Barça Lyon, de la que él también es miembro, están legitimados para denunciar el fichaje de Messi por el PSG: «Si hay una violación del Derecho de la UE, ¿por qué no puede denunciarlo cualquier ciudadano que tenga interés?», planteó el letrado a EFE.

En este sentido, la defensa argumenta que, como abonados del Barcelona, los demandantes forman parte del club y que, de este modo, están facultados para denunciar.

Según Branco, las autoridades francesas «no quieren aplicar el derecho porque quieren favorecer al PSG» y, por eso, asegura, le eximen de cumplir la norma del juego limpio financiero de la UEFA.

«Un socio tiene interés para que se acabe con esta violación del Derecho de la UE. No vemos cuál es el problema. Ellos quieren evitarlo, porque lo esencial para ellos es mantener el monopolio sobre quién puede pedir que se aplique el Derecho de la UE, de manera que no se aplique», denunció.

En cambio, el abogado de la Comisión Europea en el caso, Bruno Stromsky, rechazó este martes ante el Tribunal de Luxemburgo que los socios del Barcelona y, en particular, el demandante WA, puedan ser considerados como parte interesada del caso: «El club tiene 140.000 socios ¿Tenemos 140.000 interesados que pueden presentar todos un recurso?», se preguntó durante la vista.

El letrado cuestionó que se pueda admitir la denuncia de unos socios «si el primer interesado, que es el Fútbol Club Barcelona, no presenta ninguna denuncia» y remarcó la inviabilidad de las demandas porque, a su juicio, la marcha de Messi del club catalán no tuvo ningún «impacto material» en la vida de los querellantes.

«El club, obviamente, sufre la pérdida de Messi, y el socio sufre igualmente las consecuencias. Pero el círculo de personas afectadas es muy amplio. Pueden ser los jugadores del Barça, los empleados del Barça, los proveedores del Barça, los socios comerciales, los aficionados y los socios abonados», esgrimió.

Y añadió: «Todas estas entidades o personas están afectadas, pero lo están indirectamente, y la jurisprudencia exige que el efecto sea suficientemente directo».

Con todo, el abogado defensor de la Comisión Europea achacó a los socios demandantes un punto de «dispersión», tanto en las pruebas y la argumentación, como también en el objeto de las denuncias.

«Aquí, obviamente, no hay ayudas estatales, porque no hay recursos estatales. Lionel Messi fue transferido con dinero de un fondo soberano de Catar (propietario del PSG), que es un tercer Estado de la Unión», sentenció.

El caso se remonta al 8 de agosto de 2021, cuando Messi, tras una negociación infructuosa para firmar un nuevo contrato con el Barcelona, finalmente anunció su salida del club hacia el PSG.

Ese mismo día, un primer denunciante identificado por la siglas WA, y socio azulgrana desde marzo de 2020, presentó una demanda contra la Comisión Europea, alegando la existencia de una supuesta ayuda estatal ilegal de Francia al PSG que, a su juicio, habría hecho posible la contratación de Messi por el club parisino.

Según la acusación, las diferencias entre Estados miembros a la hora de aplicar la normativa de la UEFA en materia de juego limpio financiero «falsean las condiciones de competencia» en el mercado europeo, y señala como una «distorsión» que penaliza al Barcelona el hecho de que, siempre según la acusación, la liga española, a diferencia de la francesa, sí que exija a los clubes no gastar en sueldos de jugadores una ratio de más del 70 % de sus ingresos.

Un mes después de interponer esta denuncia, en septiembre de 2021, la Comisión Europea indicó al demandante WA que no podía ser considerado una «parte interesada» en el caso y que, por lo tanto, su demanda no se registraría como una denuncia formal, sino únicamente como información general sobre el mercado.

Tras esta decisión, el primer socio denunciante, junto con el resto de la Penya Barça Lyon, recurrieron la resolución al TGUE, que este martes dejó el asunto visto para sentencia.

En caso de que el fallo les sea desfavorable, el abogado de la acusación informó a EFE de que tienen la intención de agotar sus opciones presentando otro recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es el órgano jurisdiccional de última instancia, y cuya decisión cerraría el litigio.

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