Tokio.- La declaración de estado de alerta sanitaria en Japón es una medida excepcional que amplía las competencias de las autoridades para frenar al coronavirus, aunque el marco legal no permite imponer el confinamiento obligatorio como en otros países.
El Ejecutivo nipón ha activado este recurso legislativo, denominado legalmente estado de emergencia en Japón, que sólo está contemplado para situaciones en las que una epidemia avance rápidamente y suponga un «impacto considerable» sobre la salud y las vidas de los ciudadanos, así como sobre la economía nacional.
El Gobierno que lidera Shinzo Abe ha tenido que reunir suficientes opiniones de expertos médicos y económicos que justifiquen su aplicación, además de contar con el respaldo de la oposición para una medida considerada como el último recurso frente al virus y que se emplea por primera vez bajo la Constitución nipona de 1947.
Poderes especiales, pero limitados
Una vez declarado, el estado de alerta sanitaria concede a los gobiernos regionales el poder de «exigir» a sus ciudadanos permanecer en casa salvo para desplazamientos que sean absolutamente necesarios, así como ordenar el cierre de instalaciones públicas como escuelas, parques o centros deportivos.
Aunque el término empleado en japonés tiene una connotación coercitiva, la legislación nipona no contempla medidas legales para imponer el cumplimiento de las instrucciones de las autoridades, al contrario que las sanciones o las detenciones aplicadas en países como España a quienes se saltan la orden de confinamiento.
En caso de que alguna empresa o institución incumpla las directrices, las autoridades podrían hacer públicos los nombres de sus responsables con el objetivo de forzarles a obedecer o, en última instancia, enviarles una directiva firmada por el primer ministro.
Los gobiernos de las prefecturas niponas tendrán, además, la capacidad de requisar bienes considerados esenciales como fármacos o equipamiento hospitalario, y de apropiarse temporalmente de terrenos e inmuebles particulares para dedicarlos a instalaciones médicas.
Entre otras medidas, se han designado una serie de «servicios públicos» entre los que se encuentran las empresas energéticas y de transporte o la cadena estatal NHK, a las que las autoridades podrán requerir tareas como difundir información de interés general o distribuir bienes básicos.
En manos de los ciudadanos
Durante las últimas semanas, el Ejecutivo central y el de Tokio ya venían recomendado a los ciudadanos practicar el teletrabajo, quedarse en casa «dentro de lo posible» y evitar las aglomeraciones, lo que no ha bastado para evitar una escalada de los contagios en la región de la capital y en otras zonas del país.
Esas recomendaciones han tenido un seguimiento irregular en el Área Metropolitana de Tokio, donde cada día millones de trabajadores continuaban desplazándose en la red de transporte público y muchos ciudadanos seguían echándose a la calle durante los fines de semana pese al cierre de numerosos parques y comercios.
Los últimos datos disponibles del Gobierno tokiota muestran que en la última semana menos del 10 % de las empresas aplicaba el teletrabajo, mientras que la afluencia de pasajeros en la red de metro disminuyó un 30 % de su volumen habitual en hora punta.
La recién aplicada declaración de emergencia fue diseñada para casos como desastres naturales o invasiones bélicas, y aunque contempla los citados recortes puntuales sobre los derechos individuales, también incluye estrictas provisiones destinadas a prevenir un potencial abuso de las autoridades.
El principal objetivo de esta medida es transmitir una sensación de gravedad de la situación que hasta ahora no había calado en la sociedad nipona y su efectividad dependerá en última instancia de la obediencia de los ciudadanos, según señalan los analistas nipones.
¿Cómo ha llegado Japón a este punto?
A raíz del continuado aumento de casos de COVID-19 en Japón, la presión sobre el Gobierno de Abe para declarar el estado de alerta sanitaria se intensificó por parte de expertos médicos, partidos de la oposición, medios de comunicación y Ejecutivos regionales, sobre todo el de Tokio.
Abe ha retrasado la decisión todo lo posible, alegando que se trata de una medida extrema que acarrearía un considerable impacto a muchos niveles y que solo se aplicaría cuando la epidemia representara una seria amenaza para la salud y economía nacionales.
El detonante ha sido la reciente aceleración de los contagios en la capital, que suma más de 1.100 de los más de 3.700 contagios confirmados en territorio nipón (sin contar los del crucero Diamond Princess).
El número de enfermos de COVID-19 que necesita hospitalización sobrepasó además las plazas disponibles en centros médicos de Tokio el pasado fin de semana, según anunció Yuriko Koike, la gobernadora de esta metrópolis, que aglutina a cerca de la cuarta parte de la población de Japón y un quinto de su producto interior bruto.
Japón confirmó su primer caso de COVID-10 el pasado 16 de enero. Desde entonces, el Gobierno central y los regionales han tratado de contener su propagación con medidas como el cierre de colegios, la cancelación de eventos multitudinarios y la recomendación de evitar muchedumbres.
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