Una marcada preocupación por la cuantiosa pérdida patrimonial generada por la incautación de equipos de alta potencia, instalaciones y propiedades por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), fue expuesta por propietarios de medios radioeléctricos ante el diputado de la Asamblea Nacional de 2015, Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Medios en el espacio de diálogo nacional.
Durante un encuentro celebrado vía videoconferencia, radiodifusores, comunicadores sociales, dirigentes sindicales y activistas de derechos humanos consultaron si dentro de las negociaciones políticas existe una propuesta concreta de indemnización, reparación económica o devolución de los activos retenidos por el ente regulador.
Reclamos gremiales y el paradero de los transmisores
En la sesión, el presidente Sur Oriental de la Cámara de la Radio y periodista, Orlando Rodríguez, intervino para transmitir la inquietud que embarga al sector sobre el paradero incierto de las consolas, procesadores de audio y transmisores decomisados a las estaciones que salieron del aire por vencimiento o extinción de concesiones no renovadas.
Asimismo, periodistas participantes expusieron la urgencia de detener la persecución y los procesos judiciales contra comunicadores, exigiendo la liberación definitiva de los profesionales de la prensa que permanecen en prisión o sometidos a medidas cautelares sustitutivas de libertad, como condición indispensable para la plena vigencia de la democracia.
El encuentro contó con la gestión y coordinación del dirigente sindical de Sidor y expreso político, Daniel Romero. Entre los asistentes se destacaron Ignacio Moreno, consultor jurídico de la empresa Gold Reserve y expreso político; Audelino Bermúdez, caso La Viñeta; y Monseñor Jylman Red Jurado, obispo ordenado metropolitano de la Arquidiócesis del Espíritu Santo y comisionado de derechos humanos para la Iglesia Anglicana Latinoamericana, también exdetenido político, junto a otros voceros sociales.
Pruebas, inventario y eventual resarcimiento
En su intervención, el diputado Julio César Moreno aseveró que se encuentra trabajando firmemente dentro del proceso de diálogo para generar cambios sustanciales en el corto plazo. «Nuestras propuestas son sólidas y con entera determinación. Las liberaciones de los presos políticos continuarán ocurriendo hasta que no quede ninguno; también hemos presionado para que cesen las judicializaciones contra periodistas», afirmó el parlamentario, al tiempo que solicitó el aporte de pruebas documentadas sobre los casos de persecución que aún no han sido registrados formalmente.
Respecto a la situación del espectro radioeléctrico, Moreno confirmó que se ha exigido la revisión exhaustiva de todos los procedimientos administrativos de concesiones suspendidas y la fiscalización de los equipos incautados. «Alguien debe responder por ello», recalcó.
El legislador confió en que, tras la realización de un inventario oficial, se pueda proceder a la entrega de los bienes confiscados, al tiempo que sostuvo que deben devolverse las licencias de transmisión y resarcirse los daños materiales ocasionados. Para ello, hizo un llamado a los radiodifusores afectados a consignar los soportes que demuestren el perjuicio patrimonial sufrido.
Finalmente, Moreno subrayó que la transición institucional del país requiere la celebración de elecciones libres, la conformación de un Consejo General Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia confiables, cuya renovación estimó avanzar hacia el mes de diciembre para la revisión de leyes restrictivas, así como la plena restitución de la libertad de expresión sin persecución por motivos ideológicos.
Impacto de los cierres de emisoras en Venezuela y el estado Bolívar
La inquietud presentada ante la comisión legislativa se inserta en un patrón sistemático de restricciones al espectro radioeléctrico documentado por organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Espacio Público e IPYS Venezuela.
Cierres acumulados: Desde el año 2003 se contabiliza la salida del aire de más de 290 emisoras de radio a nivel nacional, bien sea por órdenes administrativas de Conatel o por la declaración de extinción de concesiones cuyas renovaciones no fueron procesadas.
Pico de cierres masivos: Entre los años 2022 y 2024 se registró una aceleración en la suspensión de señales, afectando a cerca de 100 estaciones en menos de 24 meses, con especial incidencia en estados como Zulia, Táchira, Falcón, Sucre, Cojedes y Carabobo.
Confiscación de bienes: En múltiples procedimientos de inspección, comisiones del ente regulador acompañadas por funcionarios de seguridad ejecutaron la incautación de transmisores, consolas, procesadores y antenas, argumentando el uso de «espectro no autorizado» o la falta de habilitación técnica vigente.
Situación documented en el estado Bolívar
En el estado Bolívar, los monitoreos de derechos humanos registran la salida de circulación de entre 12 y 15 emisoras de radio en los principales municipios de la entidad:
Zona Norte – Puerto Ordaz / Ciudad Guayana: Caso emblemático de la estación Criolla 100.7 FM, apagada tras procedimientos de fiscalización directos.
Municipio Piar – Upata: Salida del aire de las estaciones Especial 95.5 FM y Líder 100.3 FM luego de inspecciones y exhortos administrativos.
Zona Sur – El Callao, Guasipati, Tumeremo: Apagado e incautación de equipos en diversas estaciones locales y comunitarias que operaban en condición de no regularización tras años de solicitudes de renovación sin respuesta institucional.
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