Caracas.- El coordinador nacional de la ONG Provea, Marino Alvarado, informó la noche de este lunes que ha sido demandado «por difamación agravada y continuada», por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.
De acuerdo con la información que dio a través de Twitter, la demanda también se extiende al director de DDHH de la Fundación Gumilla, Alfredo Infante, luego que ambos exigieran al Ministerio Público, que se investigue la presunta responsabilidad de Lacava en las ejecuciones extrajudiciales practicadas en el estado Carabobo, durante el año 2021.
Alvarado e Infante basan su petición, tras los resultados de la investigación que realizó Lupa por la Vida, donde registran que la policía de Carabobo es «la más letal», de todo el país.
«Supuestamente lo hemos difamado, porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo (…) lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación de derechos humanos y debe investigarse, tanto los autores materiales como las cadenas de mando. Esta es la consecuencia de ser exigentes en materia de DDHH, es el riesgo que corremos como defensores, por exigir que se investiguen las cadenas de mando», recalcó Alvarado.
«Pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quiénes pudieran tener la mayor responsabilidad», agregó Alvarado, aclarando que nunca señalaron al Gobernador como responsable, sino la petición de investigar su presunta responsabilidad.
En ese sentido, Marino Alvarado pide a la Defensoría del Pueblo que colabore con el Ministerio Público para investigar estos casos que, según la investigación antes mencionada, registran 1.414 presuntas ejecuciones en 2021 y 3.034 en el año 2020.
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