Con una proyección masiva que alcanza unos ocho mil empleos, tanto directos como indirectos, la reactivación de la Central Hidroeléctrica Tocoma se posiciona como el principal motor de empleo y reactivación económica para el estado Bolívar.
La coalición sindical, integrada por el Frente Unido de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar (Futseb), sus siete sindicatos afiliados y cuatro federaciones nacionales, respalda el reimpulso del proyecto y acompaña la representación obrera a través del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y la Maquinaria Pesada (Sutimba).
Sobre el impacto laboral directo en la región, Bladimir Josué Tremaria, presidente del Futseb, destacó que «estimamos una generación directa de dos mil a tres mil empleos, sumada a una fuerza laboral indirecta de cuatro a cinco mil trabajadores en áreas como transporte, textil y alimentación», añadiendo que «este esfuerzo permitirá potenciar, aguas abajo, nuestro parque industrial en Guayana, así como los sectores petrolero y aurífero».
Estatus de Tocoma
La Central Hidroeléctrica Tocoma es un proyecto estratégico del Bajo Caroní, cuya obra arrancó en 2006 y se paralizó formalmente en 2014, debido a los problemas financieros que afrontaba la empresa encargada de su construcción, la argentina IMPSA, quien nuevamente tomará la rienda del proyecto con inversión estadounidense.
Tocoma, tras su paralización, quedó con un avance en su infraestructura civil superior al 87 %.
De acuerdo, Argenis Moreno, presidente de Sutimba, en la obra se asignará un contingente de entre 1.500 a 2.000 trabajadores especializados, quienes culminarán el porcentaje restante de la fase civil para luego continuar con la de electromecánica.
Los sindicalistas prevén un periodo de ejecución mínimo de cinco años para finalizar los trabajos e incorporar 2.160 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Garantías salariales
Respecto al acompañamiento y las garantías salariales para los obreros, Moreno enfatizó la prioridad económica de la representación sindical.
«Nuestra prioridad es velar por el beneficio económico de la fuerza laboral. Exigiremos que las empresas contratistas asignen salarios dignos y acordes a la magnitud de la inversión, garantizando el bienestar de las familias obreras», dijo.
A su vez, apuntó que «en esta nueva etapa, la coalición garantizará la continuidad operativa; los reclamos laborales se procesarán mediante la negociación y el diálogo, evitando medidas de fuerza que comprometan los lapsos de entrega».
Transparencia e inversión
En cuanto a la ejecución financiera y técnica, las autoridades señalaron que la inversión inicial estimada pasará hasta un cierre proyectado de 9.000 millones de dólares.
Aquiles Campos, secretario político de la Gobernación del estado Bolívar, puntualizó que «las organizaciones sindicales y el Estado velarán por la transparencia en la selección del personal, evitando cobros indebidos o gestiones irregulares».
Las autoridades implementarán auditorías y mecanismos de transparencia, donde los venezolanos podrán conocer el destino exacto de los recursos inyectados en cada etapa, contemplando metas progresivas que incluyen aportes energéticos tempranos en plazos breves.
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