A menos de dos meses de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, la campaña presidencial se ha visto ensombrecida por una serie de amenazas directas contra la integridad de la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. El rechazo ha sido rotundo y transversal, uniendo a contendientes que, pese a sus profundas diferencias ideológicas, coinciden en la necesidad de blindar el ejercicio democrático.
La alerta se encendió este domingo tras la difusión de imágenes con estética mortuoria que simulaban el deceso de la candidata, sumado a la vandalización de su sede de campaña en Bucaramanga. Estos hechos ocurren en un momento crítico, con encuestas que sitúan a Valencia en el tercer lugar de preferencia, detrás del oficialista Iván Cepeda y del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.
Reacciones desde todo el espectro
Iván Cepeda (Pacto Histórico) fue uno de los primeros en pronunciarse, condenando cualquier agresión contra sus adversarios: «Colombia merece un debate respetuoso y sin violencia», enfatizó. Por su parte, Abelardo de la Espriella calificó a los responsables como «miserables cobardes» y vinculó los ataques a lo que denomina socios del «narcoterrorismo».
Especial impacto causaron las palabras de Miguel Uribe, aspirante presidencial y figura marcada por la tragedia familiar, quien recordó los asesinatos de su hijo Miguel Uribe Turbay y su primera esposa Diana Turbay. Uribe criticó duramente la política de ‘paz total’ del Ejecutivo, señalando que ha permitido a los criminales actuar con excesiva libertad.
Garantías gubernamentales e institucionales
Ante la escalada de tensión, el Gobierno Nacional desplegó una respuesta inmediata:
Interior: El ministro Armando Benedetti aseguró que las medidas de seguridad se han reforzado «sin sesgos políticos», priorizando a las figuras de la oposición.
Defensa: El ministro Pedro Sánchez Suárez anunció operativos especiales de la Fuerza Pública y la oferta de recompensas para capturar a quienes están detrás de las intimidaciones.
Vigilancia: El procurador general, Gregorio Eljach, y la Defensoría del Pueblo instaron a las autoridades a no subestimar estos ataques para evitar que el proceso electoral del próximo 31 de mayo se vea manchado por la sangre, como ha ocurrido en episodios recientes de la historia colombiana.
Este incidente pone a prueba la solidez de las instituciones en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años, donde la seguridad de los aspirantes se ha convertido, nuevamente, en la prioridad de la agenda nacional.
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