El exfiscal Rolnar Sanabria advierte que el ELN y las disidencias de las FARC utilizan escuelas, comunidades y redes sociales para captar menores en Apure, Táchira y Zulia. En Colombia, la ONU registra un aumento del 300 % en el reclutamiento infantil durante los últimos cinco años.

Los grupos armados irregulares han sofisticado sus mecanismos de captación de niños y adolescentes, superando el tradicional reclutamiento forzado. Mediante el ofrecimiento de dinero, teléfonos móviles, alimentos y falsas oportunidades laborales, organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC buscan incorporar menores a sus filas en las zonas fronterizas de Venezuela y Colombia.

La alerta proviene de Rolnar Sanabria, exfiscal contra la Delincuencia Organizada en la frontera colombo-venezolana, quien señala que en estados venezolanos como Apure, Táchira y Zulia se han documentado denuncias de captación de menores, incluso dentro de los propios entornos escolares.

«No hay que imaginar a un niño secuestrado a punta de pistola. La mayoría de las veces no se los llevan a la fuerza: los compran. Les ofrecen dinero, un teléfono, comida para la familia o una moto», explicó Sanabria al detallar el modus operandi de estas organizaciones.

El exfiscal —quien ejerció funciones en el Ministerio Público venezolano en Táchira y residió durante diez años en Guasdualito, estado Apure— sostiene que el proceso suele iniciar con dádivas aparentemente inofensivas y escala progresivamente hacia tareas de colaboración directa con los grupos irregulares.

De las dádivas a las filas armadas

Según el análisis de Sanabria, el acercamiento comienza con la entrega de útiles escolares, alimentos o la organización de actividades comunitarias. Posteriormente, los menores reciben encargos específicos, como vigilar carreteras, alertar sobre el movimiento de los cuerpos de seguridad o trasladar paquetes.

Estas tareas iniciales los convierten gradualmente en informantes, mensajeros, cobradores de extorsiones y colaboradores en rutas de narcotráfico y contrabando, hasta terminar incorporados como combatientes activos.

“El grupo armado llena el vacío que deja el Estado. Donde no hay maestro, no hay médico y no hay empleo, el comandante se vuelve la autoridad y el patrón”, advirtió el especialista.

Asimismo, Sanabria alertó sobre los riesgos diferenciados que enfrentan las niñas y adolescentes, quienes quedan expuestas a ser víctimas de violencia sexual y otras formas de explotación dentro de estas estructuras.

Redes sociales como vía de captación

El reclutamiento también ha migrado al entorno digital. De acuerdo con las denuncias citadas por Sanabria, las plataformas sociales y aplicaciones de mensajería se utilizan para contactar a los jóvenes mediante ofertas de empleo engañosas, promesas económicas y la construcción de vínculos de confianza o enamoramiento.

“El reclutador ya no tiene que entrar al pueblo. Entra al cuarto del muchacho a través de TikTok o de un mensaje directo”, puntualizó.

Ante este escenario, el exfiscal exhortó a las familias a mantenerse alerta frente a propuestas laborales con remuneraciones inusualmente altas, en especial aquellas que exigen traslados a zonas rurales o fronterizas sin información verificable sobre el empleador.

Un fenómeno transfronterizo con vacíos de información

La porosidad de la frontera colombo-venezolana dificulta el rastreo de los casos. Sanabria explicó que un menor puede ser captado en un país y trasladado al otro, lo que obstaculiza su localización y el registro formal de las denuncias.

La Defensoría del Pueblo reportó 113 casos de reclutamiento de menores entre enero y agosto de 2026; de ellos, 25 ocurrieron en Norte de Santander, departamento limítrofe con Táchira y Zulia. Por su parte, datos de Naciones Unidas indican que el reclutamiento y utilización de niños en Colombia se incrementó un 300 % en cinco años, alcanzando un promedio de un menor afectado cada 20 horas.

Sanabria advierte que no existen estadísticas oficiales públicas que permitan dimensionar el alcance real del problema, una opacidad que frena el diseño de políticas efectivas de prevención y protección.

Expansión de estructuras armadas en territorio venezolano

Esta problemática corre en paralelo con la consolidación de estructuras del ELN en Venezuela. Reportes de inteligencia citados por medios colombianos identificaron 93 pistas clandestinas vinculadas a esta guerrilla en territorio venezolano, además de campamentos en zonas de Zulia y Táchira.

Por su parte, la organización InSight Crime ha documentado presencia del ELN en al menos ocho estados de Venezuela, mientras que la Fundación Ideas para la Paz estima que el grupo cuenta con cerca de 6.800 integrantes entre combatientes y redes de apoyo.

Para Sanabria, el despliegue de estos campamentos y rutas ilícitas debe analizarse bajo el prisma de la vulnerabilidad infantil, pues los menores suelen ser instrumentalizados para sostener la logística de estas operaciones.

“Reclutar a un menor no es un delito más. Es un crimen de guerra y le roba el futuro a una generación completa”, sentenció.

Finalmente, el exfiscal insistió en la urgencia de judicializar a los responsables a ambos lados de la frontera y garantizar que los niños y adolescentes desvinculados de estas organizaciones sean atendidos como víctimas bajo un enfoque de protección integral, evitando su criminalización.

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