El Tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar admitió el recurso interpuesto por la representación legal de la empresa Alianza Mamá Pancha, organización que opera en el sector Nacupay del municipio El Callao. La abogada de la firma, Isamar Bolívar, confirmó desde los alrededores de la sede CVG en Alta Vista la asignación del número de expediente correspondiente, tras formalizar un pliego de seis peticiones fundamentales.
Entre los requerimientos presentados destacan la citación formal a los representantes de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), la Fiscalía Superior del estado Bolívar y el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Asimismo, el recurso exige la desincorporación y desalojo de las instalaciones por parte de efectivos del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO), además de la entrega inmediata del Registro Único Minero (RUM), documento que denuncian se encuentra retenido por las autoridades competentes.
Solidaridad minera con los huelguistas de la CVG
En el marco de las acciones legales, Yunice Barreto, presidenta de la Alianza Mamá Pancha, encabezó una comitiva de trabajadores mineros que se trasladó hasta el portón principal de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Puerto Ordaz, conocido popularmente como el «muro de los lamentos». En el sitio, brindaron su respaldo a los trabajadores, jubilados y pensionados de las empresas básicas que mantienen una huelga de hambre.
Durante su manifestación, Barreto declaró «persona no grata» en la entidad al ministro de Desarrollo Minero Ecológico y titular de la CVG, Héctor Silva, haciéndolo responsable de la integridad física de los protestantes que permanecen en el lugar exigiendo el pago de $1.200 por concepto de utilidades y compensaciones pendientes.
Denuncian irregularidades y persecución en la zona Sur
Representantes del sector minero artesanal denunciaron supuestas maniobras de amedrentamiento y despojo de alianzas productivas en el Arco Minero del Orinoco. Señalaron presuntas irregularidades operativas ejecutadas por funcionarios militares y de organismos de seguridad en el sector de El Callao.
Ante esta situación, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República para que comisione fiscales con competencia nacional a fin de investigar los procedimientos en las áreas de extracción. De igual forma, solicitaron la intervención de la Presidencia de la República para revisar el funcionamiento de la cadena productiva minera y garantizar la seguridad de los trabajadores.
Mantiene la vigilia el sector siderúrgico y briquetero
Por su parte, Isnaldo Rodríguez, dirigente del sector briquetero del holding CVG, informó que los trabajadores suman 14 días en «vigilia obrera» y más de 50 horas de huelga de hambre de forma continúa por parte de cuatro manifestantes. Rodríguez ratificó que la exigencia de un pago lineal de $1.200 se mantiene como condición indispensable para destrabar el conflicto.
Pese a que representantes de la Defensoría del Pueblo se han apersonado en el lugar para verificar el estado de salud de los ayunantes, los trabajadores enfatizaron que la resolución del reclamo laboral depende de una respuesta institucional por parte del Ministerio de Industrias y la directiva de la corporación.
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