La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de la ONU, reportó este jueves al menos 87 detenciones por razones políticas desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, indicando que «la práctica de silenciar disidentes persiste».
«Esto indica que la práctica de silenciar a los disidentes persiste en el actual gobierno», afirmó en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos la jurista María Eloisa Quintero. Los hechos, desde septiembre 2025, incluyen 14 periodistas arrestados temporalmente durante la jura de Rodríguez y 27 por celebrar la captura de Nicolás Maduro por EE.UU.
Funcionarios y militares señalados por la Misión en crímenes de lesa humanidad ocupan altos cargos. «Los instrumentos jurídicos para persecución política siguen vigentes; el aparato represivo no se ha desmantelado», añadieron expertos como la argentina Quintero y el canadiense Alex Neve. Treinta miembros del CICPC y familiares fueron detenidos por negarse a falsear evidencias del ataque militar.
Entre septiembre-diciembre 2025, documentaron 135 detenciones arbitrarias, tortura en prisiones y «casas seguras». Sociedad civil y medios independientes enfrentan hostigamiento. Estructuras represivas «mutan para adaptarse y mantener poder».
Sobre excarcelaciones, ven un paso positivo pero «sin transparencia»: gobierno reporta 626 liberados, ONG menos. Cuestionan la Ley de Amnistía por no reconocer responsabilidad estatal, excluir investigaciones independientes ni reparar víctimas.
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