Bangkok.- La brutal represión con la que la Policía de Birmania trata de acabar con la oposición al gobierno militar, que cumple este lunes un mes en el poder, se topa con la resistencia del movimiento de disidencia civil que reclama democracia y la liberación de los líderes electos.
A continuación se presenta una recopilación de los momentos claves desde la sublevación militar y el rechazo popular para frenarlo.
LOS MILITARES RETOMAN EL PODER
Tras casi una década de democracia, el Ejército birmano, que ya gobernó el país desde 1962 hasta 2011, asestó un golpe de Estado el 1 de febrero y detuvo a los principales líderes del gobierno en Naipyidó, la capital.
La asonada sucedió un día antes de la jornada inaugural del Parlamento conformado en las elecciones del pasado noviembre, donde la Liga Nacional para la Democracia, encabezada por la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, arrasó con el 83 % de los votos, como ya hizo en 2015.
Los soldados arrestaron a primeras horas de la mañana a la por entonces líder de facto del Gobierno birmano, Suu Kyi, y al presidente, Win Myint, mientras que mantuvo retenidos a centenares de parlamentarios en una zona residencial para políticos.
El Ejército declaró el estado de emergencia y tomó el control político del país al aducir un fraude masivo en los últimos comicios, cuyo resultado fue anulado el pasado viernes por la nueva Comisión Electoral nombrada por la junta.
Los militares, que aseguran que retendrán el poder durante un año, prometieron traspasar el mando a un Gobierno electo tras unas elecciones organizadas por ellos y en una fecha sin precisar.
SUU KYI REGRESA AL ARRESTO DOMICILIARIO
Suu Kyi, quien ya pasó 15 años de arresto domiciliario durante el gobierno dictatorial, fue puesta bajo arresto domiciliario en Naipyidó el primer día del golpe, aunque actualmente se desconoce dónde está recluida.
La venerada líder compareció este lunes por segunda vez -por videoconferencia- ante un tribunal de justicia en la capital birmana, donde a las acusaciones que pesaban sobre ella por importación ilegal de un dispositivo telefónico y de quebrantar la ley de desastres naturales se sumó hoy un segundo cargo de «incitación», unos vagos cargos que podría enviarla a prisión.
El abogado Khin Maung Zaw confirmó a Efe que el pasado 16 de febrero Suu Kyi compareció por primera vez a través de una videoconferencia durante una hora ante el juez, en un proceso que el letrado calificó de «secreto» y durante el cual la política careció de una defensa legal.
Desde la asonada, al menos 1.132 personas han sido detenidas, incluidas 299 ya en libertad, conforme a las cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), que todavía verifica datos de los últimos días, cuando las autoridades han ejercido una mayor violencia contra las protestas pacíficas.
PROTESTAS MASIVAS Y BRUTAL REPRESIÓN POLICIAL
Al menos 20 personas perdieron la vida el domingo a raíz de la brutal represión de la Policía contra manifestaciones a lo largo del país en rechazo de la junta militar.
Las autoridades dispararon munición real de manera indiscriminada en al menos siete ciudades y contra las personas que protestas de manera pacífica contra el régimen del Ejército, que una semana tras el golpe de Estado impuso sobre varias localidades el toque de queda nocturno y la aplicación de la ley marcial.
La AAPP, que advierte que el número de víctimas mortales continuará en ascenso, contabiliza además otras 10 muertes previas tras la asonada, incluidas tres atribuidas a disparos directos efectuados por la Policía, y centenares de heridos.
El pasado jueves, un grupo de seguidores de los militares atacaron, tras marchar por el centro de Rangún, a varios manifestantes prodemocracia y dejaron al menos un herido por arma blanca.
Los militares, que aseguran que la Policía actúa con mesura, han restringido a escala nacional desde hace dos semanas la conexión nocturna a internet y bloquean el acceso a Facebook y Twitter, con el objetivo de obstruir la coordinación del movimiento de desobediencia civil que desafía a la junta y que desde el 6 de febrero se ha expandido por todo el país.
Iniciado por médicos insurrectos, el movimiento de disidencia se ha ampliado a profesores, funcionarios, bomberos, sindicatos y otros trabajadores, incluidos un puñado de policías que han renunciado a su puesto, y ha paralizado gran parte de la Administración.
CONDENA INTERNACIONAL
El golpe de Estado contra el gobierno electo y la violenta represión contra el pueblo birmano ha llevado a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá a imponer sanciones contra los militares y negocios vinculados al Ejército.
La Unión Europea afirmó que también impondrá sanciones, aunque todavía estudia la manera de ejercer la presión contra el mando castrense.
Facebook ha bloqueado de su plataforma todas las páginas y perfiles vinculados al Ejército birmano y a los entes gubernamentales ahora controlados por estos.
Entre los países vecinos, Indonesia es la nación que se ha mostrado más activa para buscar una respuesta conjunta contra el retroceso democrático de Birmania.
Además, un puñado de multinacionales, entre ellas las japonesas Suzuki, Kirin y la petrolera australiana Woodside, han anunciado que paran su actividad o salen del país a raíz del golpe de Estado militar.
Noel Caballero EFE
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