Vecinos de la urbanización Villa Upata, ubicada en la UD – 327 en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, denuncian presuntos actos de corrupción por parte de la junta directiva general de la comunidad.
«Si por ejemplo un familiar le deja una casa cuidando a alguien, eso para la asociación no es permitido y debemos pagarles en dólares a ellos. En mi caso particular me exigían petros, en cierta forma eso es una especie de extorsión», declaró Marilin Mora, residente de la urbanización.
La residente indicó que la junta señalada amenaza con sacar al inquilino si no paga la cuota establecida. «Si tu no pagas, no puedes permanecer en el inmueble», comentó Mora, señalando que el abogado, Carlos Valor, participa en estas actividades.
«En Villa Upata hacen vida 29 asociaciones civiles, de las cuales, en su gran mayoría, son representadas por el señor Carlos Valor. Al año de estar viviendo en el inmueble, la asociación me envía un papelito escrito a mano con su respectivo sello, notificándome que debía desalojar el inmueble en tres meses», explicó.
Acusados de invasores
Según declaraciones de la afectada, la junta directiva la señaló de «invasora», obligándola a llevar su caso a Fiscalía para buscar un amparo e intentar solventar el problema.
Caso similar le ocurre a Lesy Rodríguez, quien fue «acosada», según, durante tres meses por funcionarios de la policía, acusada también de «invasora».
«Si yo de verdad fuera una invasora, al llegar la policía simplemente me saca, así de sencillo, pero llegaban con órdenes de allanamiento, diciéndome que eso era orden de desalojo», destacó Rodríguez.
Su caso también fue reseñado en medios locales y aún continúan exigiendo una investigación, además de justicia para todas las acciones perjudiciales cometidas en su contra.
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