La sentencia contra el español Daniel Sancho, acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, se dará a conocer este jueves en medio de una gran expectación mediática durante una vista judicial muy restringida en la isla tailandesa de Samui, en la que también se espera que el juez fije la indemnización a la familia de la víctima.
El juez, que ha llevado el caso desde el principio y cuya identidad no ha sido revelada, leerá la sentencia en una vista convocada a las 10 de la mañana (03.00 GMT) en el Tribunal Provincial de Samui, cuya duración podría prolongarse hasta tres horas, según dijeron fuentes cercanas al caso a EFE.
Se espera que el magistrado no lea la sentencia hasta el final, si bien puede alterar el orden durante la vista, y que se cuente con traducción del tailandés al español por videoconferencia.
El acceso a la sala será incluso más restringido que en el juicio celebrado a puerta cerrada en la misma corte desde el pasado 9 de abril hasta el 2 de mayo.
Caso mediático
Como en el juicio, numerosos medios de comunicación, sobre todo de habla hispana, se han trasladado a Samui para la resolución de un caso que ha sido muy mediático desde que salió a la luz el supuesto crimen cometido en la cercana isla de Phangan el 2 de agosto de 2023.
También en línea con las medidas impuestas durante el proceso, las puertas del tribunal estaban hoy protegidas por bandas para cortar el acceso a la corte.
Por el momento solo están autorizados a entrar en la sala el acusado, de 30 años, sus padres, el actor español Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, representantes de la Embajada de España en Tailandia, el fiscal y los abogados tailandeses de la defensa y la coacusación, que representa a la familia de Arrieta.
El equipo legal que asesora a Sancho desde España, los criminólogos Ramón Chipirrás y Carmen Bafalgón y el abogado Marcos García-Montes, actualmente en Samui, aún esperan la autorización del juez para entrar en la corte.
Los padres de la víctima, Ana Marcela Artega y Leovaldo José Arrieta, «no están en Tailandia», según afirmaron a EFE desde Ospina Abogados, el despacho que representa en España a la familia, y se prevé que sigan la sentencia desde su Colombia natal.
Sus representantes legales en España ofrecerán una rueda de prensa en Madrid el jueves a las 12 del mediodía (10.00 GMT), cuando se espera que ya sea pública la sentencia, que está lista y ha tenido que ser revisada por una instancia judicial superior en Surat Thani (provincia a la que pertenece Samui).
Juicio con decenas de pruebas
La Fiscalía acusa a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta, lo que trató de demostrar durante el juicio con decenas de pruebas y testigos, incluida la compra de cuchillos y una sierra días antes del supuesto crimen, así como del descuartizamiento del cirujano y del robo de su pasaporte.
El código penal tailandés castiga el asesinato con penas que van desde 15 años de cárcel hasta la pena de muerte, que está establecida, entre otros, para los asesinatos con premeditación, si bien desde hace años el castigo máximo o no se aplica o se suele reducir.
El fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, afirmó a EFE esta semana que la pena también puede reducirse si el juez considera que el acusado «ha cooperado en el caso».
Sancho, que confesó inicialmente el crimen ante la Policía de Phangan, mantuvo después y durante el juicio que la muerte de Arrieta, de entonces 44 años y con quien quedó en Phangan el día de los hechos, se debió a un accidente durante una pelea en la que se defendió de un supuesto intento de agresión sexual.
De los tres cargos en su contra, el español solo ha aceptado haber descuartizado a Arrieta, delito castigado con un máximo de un año de cárcel.
Los equipos legales de ambas partes han preferido no hacer declaraciones en vísperas de la sentencia, aunque el de Sancho ha reconocido en días anteriores estar «optimista».
Como parte del fallo, la sentencia incluirá en principio qué indemnización debe pagar el acusado a la familia de la víctima. Sus abogados en Tailandia presentaron durante el juicio una solicitud de 30 millones de bat (unos 790.000 euros), calculada con base al perjuicio económico de la muerte para los padres.
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