Ecuador acude este domingo a las urnas en medio de la peor crisis de seguridad de su historia, una ola de violencia que esconde un complejo rompecabezas de bandas criminales enfrentadas por el control de territorios y, sobre todo, del narcotráfico, al establecerse como punto neurálgico del tráfico mundial de cocaína.
En los últimos años, las bandas locales han ganado peso en los mercados globales del narcotráfico por su alianza con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la «mafia balcánica» y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos carteles, mafias y grupos armados contratan sus servicios de logística para exportar la droga desde Colombia hacia Norteamérica y Europa.
«Lo que han hecho las organizaciones ecuatorianas es una especialización dentro de la cadena de valor del crimen organizado, que requiere de una serie de actividades que generan mayor rentabilidad», explica a EFE Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Entre estas actividades están lavado de activos, tráfico de armas, corrupción, robos, sicariato y extorsión, lo que «ha hecho que Ecuador sea un país altamente violento», agrega Rivera.
Entre 2018 y 2022, Ecuador pasó de 5,8 a 25,62 homicidios por cada 100.000 habitantes y, según expertos en la materia, podría llegar a 40 en este 2023, lo que lo convertiría en el «tercero o cuarto país más violento de América Latina». Fue en ese contexto donde ocurrió el 9 de agosto el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En incautación de droga ya ocupa el tercer lugar del mundo y se espera que este año también supere las 200 toneladas decomisadas.
Guerra entre bandas criminales
En el país existen seis bandas criminales que envían droga al exterior, según la Policía. Una de las más antiguas es la de Los Choneros, que nació a finales de los años 90 y tuvo por muchos años el control del narcotráfico en alianza con el cartel de Sinaloa y las disidencias de las FARC.
«Tenían una especie de monopolio del crimen organizado y empezaron a perder muchísimo poder en el 2019, cuando empezamos a ver las primeras matanzas carcelarias», recuerda Rivera.
Ese debilitamiento tomó fuerza en 2020 con el asesinato de su líder, Jorge Luis Zambrano «Rasquiña», quien había salido recientemente de la cárcel, desde donde controlaba el mercado.
«Las organizaciones más pequeñas (Los Lobos, Tiguerones y Chone Killers) se separan de Los Choneros y crean una nueva alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación», añade, así como con la «mafia balcánica», que con diez años en el país había consolidado sus operaciones por medio de la compra de empresas exportadoras.
El problema con estas bandas extranjeras, dice Rivera, es que «no generan alianzas estratégicas o de largo plazo con las organizaciones locales, sino que pagan al mejor postor».
Esta volatilidad encendió la rivalidad entre los grupos criminales que quieren controlar el negocio, entre los que están también Los Lagartos y los Latin Kings, y ha generado, según la Policía, efectos directos en las masacres carcelarias que han dejado más de 400 presos asesinados en los últimos tres años.
Reclutamiento en los barrios
Las bandas se encargan del transporte, acopio y envío de droga por contenedores de mercancías contaminados, avionetas, embarcaciones pesqueras y lanchas, y además buscan controlar barrios que son clave en la ruta del narcotráfico, especialmente en zonas costeras.
Extorsionan a negocios, escuelas y vecinos, y obligan a menores a unirse para utilizarlos de vigilantes, vendedores de droga y sicarios.
«Yo no puedo, siendo menor de edad o siendo padre de ese menor, resistirme a la imposición de la organización criminal», explica a EFE Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que documenta casos de reclutamiento infantil forzado en Guayaquil.
Las bandas han acumulado tanto poder en esos territorios ante la ausencia del Estado, dice Navarrete, que negarse significa la migración forzada o la muerte.
Lo mismo pasa con la extorsión, una actividad muy lucrativa que nace en cárceles como las de Guayaquil. «Esto ha generado que esa comunidad entre en el negocio para sobrevivir. La organización criminal es la que ofrece futuro porque ya de forma legítima no hay manera, todo cae en esta dinámica ilícita», afirma.
Agrega que la inestabilidad política hace que esta situación sea «mucho más difícil de manejar», por lo que se necesita una «voluntad política clara y visible» del próximo Gobierno que Ecuador elige este 15 de octubre.
Mientras, Rivera señala que la lucha debe enfocarse en las economías criminales, y apunta que entre 2020 y 2022 solo hubo una sentencia por lavado de activos. «El Estado está haciendo menos para desmantelar el patrimonio ilícito del crimen organizado», zanja.
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