En medio de un contexto político caracterizado por la tensión y la incertidumbre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, planteó la posibilidad de que las elecciones presidenciales en Venezuela se celebren «idealmente» en el año 2027.
No obstante, el funcionario estadounidense enfatizó que este horizonte temporal está estrictamente sujeto a la ejecución previo de profundas reformas institucionales y estructurales contempladas en el plan de transición impulsado con el respaldo de Washington.
Durante una entrevista concedida al New York Times, Rubio recalcó que la meta central de la administración estadounidense es facilitar el retorno de Venezuela a la democracia.
En ese sentido, destacó la urgencia de reestructurar la infraestructura electoral venezolana antes de convocar a los ciudadanos a las urnas. Entre las exigencias principales, el titular de la diplomacia estadounidense señaló la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la garantía plena a la libertad de prensa y el restablecimiento del juego político multipartidista.
Asimismo, Rubio hizo especial hincapié en la necesidad de transformar el rol de las fuerzas armadas y fomentar una «cooperación militar más estrecha» entre Washington y Caracas, factor que analistas coinciden podría alterar sensiblemente las dinámicas de poder en la región.
«Tienes que contar con el respaldo de las fuerzas de seguridad en cualquier país del mundo, porque eso es lo que vas a necesitar para gobernar», aseveró durante sus declaraciones.
En el plano económico y financiero, el secretario de Estado abordó la compleja situación de los pasivos internacionales del país caribeño, calificando la deuda externa como una «nube que impide la inversión».
Rubio indicó que la reestructuración financiera corresponderá inicialmente a las autoridades interinas y se extenderá a la futura administración que resulte electa. De acuerdo con fuentes oficiales del gobierno estadounidense, avanzar en el saneamiento de estos compromisos financieros resulta un requisito indispensable para la eventual suspensión o flexibilización del régimen de sanciones sobre Venezuela.
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