El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, dijo que su Ejecutivo adoptará «cuantas medidas sean precisas» para poner fin al «injustificable» bloqueo del poder judicial español y del Tribunal Constitucional.
Sánchez habló así después de que el Constitucional haya paralizado la tramitación parlamentaria de la reforma judicial impulsada por el Gobierno en España, que incluye cambios en el Código Penal relativos a los delitos de sedición y malversación.
El jefe del Ejecutivo español no precisó cómo actuará a partir de ahora, apeló a la serenidad y garantizó que se cumplirán tanto las leyes como la Constitución.
Afirmó que el Gobierno, aunque no comparta la decisión del Constitucional, acata la resolución de la «actual mayoría conservadora».
Una decisión «sin precedentes» y que tiene, según Sánchez, su origen en la decisión del conservador Partido Popular, el principal en la oposición en España, de «incumplir el mandato constitucional» con el único propósito de mantener una composición del Consejo General del Poder Judicial «más favorable a su orientación».
El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España cuya función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Está compuesto por un presidente y 20 vocales, y lleva cuatro años bloqueado.
Su composición actual responde pues a las mayorías parlamentarias de hace nueve años. Nueve de los vocales fueron propuestos por el PP y seis por el PSOE. Izquierda Unida y los nacionalista catalanes de CiU y los vascos del PNV propusieron un nombre cada uno.
La Constitución marca que el mandato de los vocales es de cinco años. El de este CGPJ acabó en diciembre de 2018, por lo que desde entonces sigue en funciones.
Las consecuencias de esta «anomalía constitucional» afectan no solo al normal funcionamiento del Consejo, sino también al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, dos de las principales instituciones que vertebran el sistema democrático español.
«Asistimos desde entonces a una situación inédita», señaló Sánchez.
A petición de la oposición conservadora del Congreso, el TC suspendió este lunes por mayoría (seis votos a cinco) la tramitación parlamentaria de los cambios legislativos referidos al sistema de elección de dos de sus magistrados que corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial.
Para el presidente del Gobierno español, la decisión del Tribunal Constitucional es un «hecho grave» ya que es la primera vez que se impide a los representantes elegidos por los españoles que realicen su función de legislación.
Sin embargo, Sánchez trasladó un mensaje de serenidad, porque España es una de las grandes democracias europeas y «dispone de mecanismos capaces de superar esta situación», con el único camino posible, que es la ley y el cumplimiento de la Constitución.
«En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y firmeza», ha concluido Sánchez, quien ha vuelto a apelar al cumplimiento de la ley para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular.
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