El canciller alemán Olaf Scholz se dirige a los visitantes durante la jornada de puertas abiertas del Gobierno alemán en la Cancillería de Berlín, Alemania, el 20 de agosto de 2023. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

El canciller alemán, Olaf Scholz, trató este domingo de conjurar los disensos públicos que envuelven a su tripartito desde el llamado Día de las Puertas Abiertas de su Gobierno y con la Cancillería convertida en plataforma para todo tipo de inquietudes ciudadanas.

«No me gusta que las discusiones internas del gobierno salten a los medios. Estamos aún en proceso de debate. Y estoy seguro de que llegaremos rápidamente a un acuerdo», afirmó Scholz, en mangas de camisa y ante centenares de ciudadanos esperando turno para dirigirle su pregunta, a 30 grados y bajo el sol.

Respondió así a una cuestión sobre el conflicto entre su ministra de la Familia, la verde Lisa Paus, y el titular de Finanzas, el liberal Christian Lindner, enfrentados por una nueva prestación destinada a las familias con niños en situación de pobreza, un problema creciente en Alemania.

«Mi motivación principal, la que acompaña toda mi carrera y con la que me levanto todos los días es la justicia», aseguró poco después, ante otra pregunta ciudadana.

Alemania tiene «los suficientes instrumentos y la solidez necesaria» para atender a estos problemas, aseguró. Su tripartido entre socialdemócratas, verdes y liberales «trabaja todos los días, a todas horas» para resolver desafíos globales y preocupaciones ciudadanas, añadió.

Era el segundo Día de Puertas Abiertas de Scholz como canciller y estaba marcado por sondeos adversos: un 64 % de los ciudadanos quisieran otro gobierno, según una encuesta publicada por el dominical del popular diario «Bild».

Su tripartito entrará en la segunda mitad de la legislatura en otoño y desde hace meses se suceden los malos augurios para su coalición. La oposición conservadora ocupa la primera posición en intención de voto seguida de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), con un 26 y un 20 % respectivamente.

A los socialdemócratas de Scholz se les reserva el tercer puesto con un 17 %, mientras que los Verdes están en un 14 % y los liberales en el 7 %.

Scholz se vio confrontado a preguntas de todo tipo -desde personales a referidas a Afganistán, Ucrania o Níger-; se las dirigieron ciudadanos de toda edad, origen y condición -incluido un niño de 10 años- y se escucharon bastantes acentos extranjeros.

En general el tono era más amistoso que lo reflejado por los sondeos. El canciller, por lo demás, tiene un buen rodaje para estos encuentros. En Alemania son habituales tanto las jornadas de puertas abiertas -instituidas en 1999- como los llamados foros ciudadanos que se celebran prácticamente todos los meses.

Pero está claro que el retorno a la actividad tras el receso estival está empantanado por esa confrontación entre Paus y Lindner, ante un problema que según estimaciones coincidentes del Ministerio de la Familia, instituciones de apoyo social e institutos económicos afecta a 5,5 millones de niños. Es decir, uno de cada cinco menores de la primera economía de la zona euro.

Lindner se insiste en que el monto de ese subsidio no puede superar los 2.000 millones de euros anuales a partir de 2025. La ministra de la Familia reclamaba 12.000 millones, pero según medios alemanes rebajó ya esta aspiración a 7.000 millones anuales.

Es un escollo más en un tripartito cuya gestión acumula enfrentamientos entre verdes y liberales. Ahora la situación escaló a otro calibre al llegar la ministra Paus a vetar un plan de alivios fiscales para las empresas elaborado por Lindner, quien el pasado miércoles tuvo que cancelar a última hora la conferencia de prensa en que pretendía presentarlos.

Fue una decisión en solitario de Paus, lo que aparentemente causó malestar en sus propias filas verdes. Especialmente en el vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, quien ha tenido ya demasiadas pullas que librar frente a Lindner en defensa de las renovables en plena crisis energética.

La solución de compromiso para la llamada «salvaguarda infantil básica» con que Paus pretende ofrecer unos ingresos mínimos a las familias afectadas podría situarse en unos 3.500 millones de euros, según informaciones del semanario «Die Zeit».

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