Los principales sindicatos de Argentina, agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), protagonizaron este jueves una masiva movilización en el centro porteño para expresar su rechazo a las políticas económicas y laborales del Gobierno de Javier Milei. Bajo la consigna «El trabajo es con derechos o es esclavo», miles de manifestantes ocuparon la Plaza de Mayo en la antesala del Día Internacional de los Trabajadores.
Desde un escenario instalado a espaldas de la Casa Rosada, Octavio Argüello, uno de los secretarios generales de la central, fue tajante: «Se terminó la paciencia, señor presidente». Las críticas se centraron en la reforma laboral aprobada en febrero, la cual ha limitado el derecho a la huelga, recortado indemnizaciones y modificado los períodos de prueba.
Un modelo económico bajo la lupa
La dirigencia sindical evitó convocar a una quinta huelga general —pese al reclamo de sectores que coreaban «paro general» desde la multitud—, argumentando que el objetivo de la jornada era marcar un límite político al ajuste. «No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un límite al Gobierno y su alto desarraigo con la realidad», señaló el dirigente Cristian Jerónimo.
En la concentración también participaron sectores del peronismo y agrupaciones como La Cámpora. Además, se realizó un emotivo homenaje al papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento, recordando su mensaje de que «la esperanza es luchar».
Datos alarmantes: Cierre de empresas y pérdida de empleos
La CGT respaldó sus reclamos con estadísticas críticas sobre el impacto de la gestión de Milei en el mercado laboral:
Empresas: Se registra el cierre de 24.180 compañías desde diciembre de 2023.
Empleos formales: Solo en 2025 se perdieron 88.800 puestos en el sector privado y 18.600 en el público.
Informalidad: La tasa de trabajo no registrado ha escalado hasta el 43 %, mientras el cuentapropismo aumentó en más de 100.000 personas como estrategia de supervivencia.
El conflicto judicial por la reforma
La tensión se ha agravado tras la reciente decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló la suspensión de 82 artículos de la nueva ley laboral. Estos apartados, calificados como «ilegales e inconstitucionales» por los trabajadores, habilitan sanciones severas contra las conductas gremiales e incluso prevén la retirada de la personería jurídica a los sindicatos que participen en huelgas.
«A lo que nos oponemos es a este modelo que nos lleva al error de creer que el Estado es un enemigo», afirmó Guadalupe Fernández, afiliada de UPCN, mientras avanzaba hacia la plaza. Para los manifestantes, la movilización de este jueves es solo el preludio de una resistencia que promete intensificarse si el Ejecutivo no modifica su rumbo económico.
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