En medio de una crisis de servicios básicos en Venezuela, el sector privado ha mostrado su disposición a trabajar con el Estado para recuperar y mejorar principalmente el suministro de energía eléctrica y agua potable, cuya prestación está en manos de empresas públicas.
Fedecámaras, la mayor patronal del país, hizo recientemente un llamamiento a recuperar los servicios a través de esta sinergia público-privado, que -asegura- ha funcionado en la industria petrolera, donde se registra un incremento de la producción tras la reanudación de las operaciones entre la estadounidense Chevron y la estatal venezolana Pdvsa, a finales de 2022.
El primer vicepresidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, dijo a EFE que la empresa privada «puede atender el reto de colaborar a que los servicios públicos mejoren» y «elevar el nivel de calidad y de eficacia».
Aclaró que la patronal «no propone, en ningún momento, una privatización total de ningún servicio», sino «la cooperación», ante las dificultades que -afirmó- hay en Venezuela para acceder al financiamiento, por lo que se requiere la «unión de factores para poder atender los proyectos de manera positiva».
Trabajo mancomunado
Capozzolo explicó que ambos sectores deben instalar y desarrollar «mesas de trabajo» para evaluar «cuáles son las fases (generación primaria, distribución o comercialización) que tienen problemas» e identificar los «nudos que impiden que mejoren», a fin de «generar planes en conjunto que puedan resolver» la problemática.
En caso de que los niveles de financiamiento y de inversión «requeridos en cada una de las facetas de un proyecto determinado», así como los niveles de tecnología, no puedan encontrarse en Venezuela, habrá que «buscar más allá de las fronteras, en otros países», para dar espacio también al capital extranjero.
«Eso dependerá de cada uno de los proyectos, cada uno de los servicios, cada una de las fases que se estudien para ir resolviendo los problemas puntuales», explicó.
La propuesta forma parte de un plan diseñado por la patronal, que tiene el objetivo de lograr que el país tenga una economía diversificada, productiva y con «vocación exportadora» en los próximos años.
La recuperación de los servicios es, a su juicio, fundamental para que, por ejemplo, tengan éxito las cinco «zonas económicas especiales» anunciadas recientemente por el Ejecutivo, de las cuales una de ellas comprende más de 5,4 millones de hectáreas del este del país, donde se producirán distintos tipos de alimentos, según el anuncio oficial.
Capozzolo sostuvo que el éxito del proyecto gubernamental dependerá de que existan unas «condiciones de servicios públicos que realmente satisfagan el estamento productivo que pretende desarrollarse» en estas zonas, que buscan diversificar la economía, actualmente dependiente del petróleo.
Un Estado «proveedor»
Denuncias de ciudadanos a través de redes sociales y reportes de medios locales dan cuenta de una agudización de la crisis de los servicios, sobre todo el eléctrico, con más intensidad en el interior del país.
Según una reciente encuesta de la Confederación de Industriales (Conindustria), correspondiente al segundo trimestre del año, el 72,2 % de las empresas tienen instaladas plantas eléctricas (de gas, gasoil o gasolina), un aumento de 20,2 puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado, cuando el 52 % de las compañías contaba con estos equipos.
De acuerdo a la asociación Transparencia Venezuela, el Estado es propietario de 947 empresas, de las cuales 73 son de servicios (agua, electricidad, recolección de desechos, telecomunicaciones y transporte terrestre), entre ellas la eléctrica Corpoelec, creada en 2007, cuando se ordenó la «estatización de las empresas privadas existentes y su fusión» con la estatal.
La coordinadora regional de la organización, Christi Rangel, dijo a EFE que la cantidad de empresas estatales «con nóminas abultadas y los compromisos de deuda dan poco margen de maniobra o espacio fiscal para realizar las inversiones requeridas en electricidad, agua, transporte y telecomunicaciones».
«Sería preciso achicar el aparato burocrático, negociar empresas, limitar las pérdidas patrimoniales por corrupción, renegociar la deuda y focalizar el gasto público», explicó.
Asimismo, aseguró que no hay «capacidad institucional» debido a la «política de desprecio a la meritocracia en la selección de los funcionarios a favor de lealtades políticas, nepotismo y clientelismo».
En este sentido, el vicepresidente de Fedecámaras explicó que es necesario «empezar a funcionar como un gran mosaico de actores sociales», entre los cuales los «más prominentes son el sector público y el sector privado», que se deben interrelacionar para la «construcción institucional del país».
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