La Justicia venezolana concedió 6.071 libertades plenas bajo la Ley de Amnistía aprobada en febrero, principalmente a personas con medidas cautelares, informó Jorge Arreaza, presidente chavista de la Comisión Parlamentaria. De 9.419 solicitudes recibidas, 245 estaban privadas de libertad y 5.826 bajo cautelares, muchos por la crisis postelectoral 2024 tras la proclamación de Nicolás Maduro.
En rueda de prensa legislativa, Arreaza destacó la «celeridad» del sistema judicial y pidió paciencia a pendientes: los 15 días corren desde la recepción de solicitudes. Anunció depuración de duplicados y abrió la puerta a casos de exiliados vía diputados oficialistas y opositores, aunque no hay trámites formales desde el exterior.
«Es un primer paso, no dará paz por sí sola», enfatizó, en el marco de la norma aprobada por unanimidad para presos políticos 1999-2026, limitada a 13 hechos específicos en igual número de años, excluyendo operaciones militares y resto del período.
La comisión especial supervisa cumplimiento, junto al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz de Delcy Rodríguez, tras la captura de Maduro por EE. UU. en enero. Foro Penal verifica liberados y reportó 568 presos políticos el jueves; el Gobierno niega categoría política, alegando delitos comunes.
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