Durante la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, afirmó que la meta de la institución no es incrementar la recaudación a través de sanciones, sino mediante el desarrollo económico del país. Ante la dirigencia empresarial, Maniglia expuso la visión de una reforma estructural que prioriza la formalización de las empresas, el uso de analítica bancaria y el asesoramiento técnico sobre la fiscalización punitiva.
En el marco del panel tributario del encuentro, la autoridad fiscal informó que el Seniat adelanta mesas de trabajo conjuntas con cámaras y sectores productivos de distintas escalas. Estas discusiones buscan consensuar una revisión legislativa integral que incluirá el Código Orgánico Tributario (COT), la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la armonización tributaria municipal y el esquema de contribuciones parafiscales.
Ante esta propuesta de transición, el superintendente instó a los empresarios a ordenar la contabilidad corporativa, desvincular los patrimonios personales de las figuras jurídicas y adoptar un modelo de contabilidad a «libro abierto», orientado a consolidar un marco fiscal estable e íntegro para el año 2027.
Asimismo, Maniglia destacó un cambio conceptual en las labores de inspección, señalando una reducción de la presencia de fiscales en la calle para dar paso a herramientas tecnológicas y análisis bancario. Detalló que, con el apoyo de la Escuela Nacional de Hacienda, gremios profesionales y los lineamientos del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), se capacita al personal para actuar como asesores técnicos enfocados en subsanar discrepancias en lugar de aplicar medidas punitivas, enfatizando que el sector público debe ser un aliado estratégico del empresariado.
La posición institucional coincidió con los análisis de Daniel Korody y Leonardo Palacios, representantes de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), quienes enfatizaron la necesidad de aliviar el flujo de caja operativo para incentivar la inversión privada.
Entre las propuestas debatidas a corto y mediano plazo destacaron:
Eliminación de los anticipos quincenales de ISLR calculados sobre ingresos brutos.
Retorno al ciclo de declaración y pago mensual del IVA.
Evaluación del impacto financiero del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
Restablecimiento de los convenios de estabilidad jurídica.
Aprobación de un régimen de amnistía o remisión para solventar diferendos pendientes en sedes administrativas y judiciales.
Con este conjunto de medidas y mesas de concertación, el organismo recaudador busca articular una estructura fiscal sostenible basada en la reactivación de la producción nacional y la certidumbre jurídica para los sectores productivos del país.
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