Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, familiares y allegados despidieron este viernes a Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, en el estado de Morelos, quien fue asesinado por un comando armado el pasado 22 de julio. Aunque estaba programado un homenaje púnebre en el interior del palacio municipal —escenario donde se consumó el crimen—, la Fiscalía General del Estado de Morelos impidió el acceso al mantener el inmueble bajo resguardo pericial. La negativa generó momentos de tensión entre los asistentes, obligando a realizar el acto en una calle contigua antes de trasladar el cuerpo al panteón de la comunidad indígena de Huazulco.
Antecedentes de atentados en la región
La agresión mortal no constituyó el primer hecho de violencia registrado contra el mandatario local. En enero de 2026, Lavín Romero había salido ileso de un ataque a balazos perpetrado sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura del estado de Morelos. Este antecedente ya había encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del edil y los niveles de violencia que afectan a los municipios de la zona oriente de la entidad.
Revelaciones sobre indagatorias del Gobierno federal
De forma paralela a los actos fúnebres, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó durante una gira oficial encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum que el alcalde de Temoac se encontraba bajo investigación federal. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, las líneas de indagación vinculaban al edil con estructuras delictivas de la zona identificadas como «Los Aparicio» y «Los Huazulco», organizaciones señaladas por delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio.
Vínculos familiares y redes de operación
García Harfuch detalló que las pesquisas también consideraban la detención previa de la suegra del alcalde, identificada como Andrea «N», alias La Patrona. La mujer se desempeñaba como tesorera municipal de Temoac al momento de su captura y había sido calificada por las autoridades ministeriales como presunta operadora financiera de los grupos criminales que disputan el control territorial en el estado de Morelos.
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