Manila.- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó que no tiene problema en asumir la responsabilidad por los asesinatos en la sangrienta guerra contra las drogas y afrontar cargos penales, aunque rechazó que se trate de crímenes de lesa humanidad como le acusan grupos de derechos humanos.
«Si hay asesinatos, digo que soy yo. Puedes responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas», manifestó Duterte en un discurso televisado el lunes por la noche.
«Llévenme a la corte para que me encarcelen. No tengo ningún problema. Si sirvo a mi país yendo a la cárcel, lo haré con mucho gusto», expresó Duterte que hizo de la guerra contra las drogas su principal promesa electoral.
La Policía filipina admite las muertes de 6.000 sospechosos en redadas, aunque alega que todos se resistieron al arresto; aunque organizaciones humanitarias elevan la cifra a unos 27.000 asesinatos amparados en el clima de impunidad, muchos de ellos cometidos por agentes vestidos de civil al servicio de grupos criminales.
«Si te matan es porque las drogas me enfurecen», indicó el presidente, que tiene abierto un «examen preliminar» en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre su papel en lo que podrían ser crímenes de lesa humanidad en la campaña, que podría convertirse en investigación formal en los próximos meses.
Para eludir esa investigación, Duterte ordenó la retirada de Filipinas de la CPI, que continúa con las pesquisas porque las denuncias se produjeron antes de que se formalizara la salida.
En el pasado, Duterte animó a agentes de la ley a matar a drogadictos y narcotraficantes y les garantizó impunidad por ello, palabras que avalarían los cargos de lesa humanidad, según diversas organizaciones de derechos humanos que han promovido las denuncias ante la CPI y tribunales nacionales.
DECEPCIÓN CON LA ONU
Grupos civiles y defensores de derechos humanos en Filipinas confiaban en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido a principios de mes en Ginebra, aprobara una resolución para abrir una investigación internacional independiente sobre violaciones de derechos en Filipinas, como las ejecuciones extrajudiciales de la guerra antidroga o los asesinatos de activistas y líderes sociales.
Sin embargo, el organismo se limitó a dar luz verde a una resolución que prestaba «apoyo técnico» al gobierno filipino para agilizar las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el país, lo que decepcionó a amplios sectores de la sociedad en Filipinas.
«Con el historial de este gobierno de descarado desprecio por los derechos humanos, los incansables esfuerzos de sus funcionarios para vilipendiar a los defensores de estos derechos y la campaña activa para silenciar a los críticos, tenemos serias reservas de que los supuestos programas de asistencia técnica sirvan para detener estas violaciones de derechos humanos», lamentó EcuVoice, una coalición de organizaciones dentro y fuera de Filipinas.
«Incluso tememos que el gobierno abuse dichos programas de cooperación, y los utilice como cortina de humo para ocultar su apatía y desprecio hacia las víctimas o para cometer represalias contra activistas y defensores de derechos humanos que participan en el proceso», añadió EcuVoice.
Desde Amnistía Internacional lamentaron que el órgano de la ONU fracasara en «promover justicia para las familias en duelo de Filipinas, que habían puesto sus esperanzas en la comunidad internacional».
EFE
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