Ciudad Guayana.- Un grupo de trabajadores del estado Bolívar viajaron hasta Caracas para introducir una acción de amparo constitucional en contra del memorándum 2792, ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de buscar la suspensión del circular número 2792 que entró en vigencia en el año 2018.

Los trabajadores entregaron el documento el pasado martes 2 de agosto y el máximo órgano encargado de impartir justicia les notificó el siguiente día -miércoles 3 de agosto- que la acción fue admitida.

Este grupo de obreros está representando al sector salud, con Camilo Torres del colegio de enfermeros; al gremio de la educación con Camelia Guerrero, secretaria general del Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Bolívar -SUMA-; en representación de los jubilados y pensionados , está Hugo Medina; Ramón Castillo, integrante del Consejo Legislativo del Estado Bolívar; la Federación de Trabajadores del Estado Bolívar (Fetrabolívar), con su presidente Fidel Brito y en representación de los accionistas clase b de la Siderúrgica del Orinoco está Pedro Rondón.

El memorándum 2792 llegó a la vida de los trabajadores el 11 de octubre de 2018 luego de que el Ejecutivo Nacional, a la cabeza del sucesor de Chávez, anunciara otro aumento del salario mínimo.

Bajo la premisa de que el nuevo aumento del estipendio -el del 2018- es lo suficientemente integral como para cumplir el artículo 91 de la Constitución, el cual establece que el salario mínimo debe cubrir todas las necesidades del trabajador y su familia, le dio la libertad a los patronos de revisar esas convenciones colectivas que fueron establecidas antes de la circular para eliminar ciertos beneficios que los trabajadores habían obtenido con los diálogos tripartitos.  

Retroceso

Cuatro años después de que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, bajo el mandato de su entonces ministro Eduardo Piñate Rodríguez, aprobara el circular, los trabajadores insisten en que el salario mínimo no alcanzó ni alcanza para cubrir, ni si quiera, la canasta alimentaria que hoy sobrepasa los 380 dólares según el Observatorio Venezolano de Finanzas.

Por esta razón este grupo de sindicalistas y políticos del estado Bolívar denunciaron la medida del ministerio ante el TSJ. El presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar), Fidel Brito, reseñó para Soy Nueva Prensa Digital que esta medida “destruyó” todos los derechos que los trabajadores habían conseguido tras años de lucha.

“Nosotros estamos solicitando que cesen los efectos del memorándum 2792, por cuanto este destruyó todos los beneficios que consiguieron los trabajadores a través de los años de lucha”, manifestó Fidel Brito.  

Brito celebró que el TSJ haya admitido el recurso que los trabajadores de Guayana llevaron hasta la ciudad capital. “Satisfactoriamente nos admitieron el recurso y continuamos en Caracas esperando que se dé la audiencia para que citen a las partes para ir al juicio”, puntualizó. Asimismo, añadió que el lapso de espera no puede pasar de las 92 horas.

Por otra parte, el abogado que está acompañando a todos los trabajadores, Francisco Medina Salas, recalcó que el circular había disminuido los pagos que estaban establecidos en las convenciones colectivas de los trabajadores.

«El memorándum circular 2792 establece unos lineamientos a través del despacho del ministro del trabajo para que todos los contratos colectivos del país sean revisados debido al nuevo salario mínimo. Aquellas convenciones colectivas que establecían salarios superiores a aquellos salarios mínimos debían ser revisados», puntualizó.

-¿Cómo viola este decreto el derecho de los trabajadores?

-Es una aberración total lo que hizo el Ejecutivo al meterse con algo que es de carácter constitucional, como son los contratos colectivos. Eso atenta groseramente los principios del trabajo como lo es la progresividad y la irrenunciabilidad del salario.

Además, Camilo Torres, diputado del Consejo Legislativo del Estado Bolívar y representante del sector salud, enfatizó en que el actual salario mínimo somete a los empleados de Venezuela a la pobreza extrema.

“El salario mínimo es de 130 bolívares y eso vuelve imposible que los trabajadores se mantengan durante un mes. Somete a los trabajadores en una pobreza extrema”, remarcó.

Los trabajadores permanecerán en la ciudad de Caracas hasta que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia llame a las partes para fijar los procesos venideros.