Los sindicatos campesinos y obreros de Bolivia condicionaron este jueves su participación en las mesas de negociación impulsadas por el Poder Legislativo, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo. Los sectores movilizados exigen de manera perentoria la anulación absoluta de las órdenes de aprehensión vigentes contra sus principales directivos como requisito indispensable para sentarse a conversar con el Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz.
El vicepresidente de la República y titular del Parlamento, Edmand Lara —declarado opositor a la gestión central—, precisó que una garantía verbal de no agresión no es suficiente para las bases sociales, por lo que se requiere un documento formal que deje sin efecto los cargos penales.
Diálogo inconcluso en La Paz
La posición sindical impidió el avance de la segunda reunión de la comisión de mediación celebrada en las instalaciones del Seminario San Jerónimo, en la ciudad de La Paz. Aunque la jornada contó con la asistencia de los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Educación, Beatriz García, las sillas asignadas a los delegados de la Central Obrera Boliviana (COB) y de los sindicatos agrarios del altiplano permanecieron vacías.
En paralelo, los mineros asalariados enviaron una misiva oficial a la vicepresidencia demandando suspender la captura del máximo líder de la COB, Mario Argollo, quien se encuentra judicializado bajo los cargos de presunto terrorismo e instigación pública a delinquir a raíz de disturbios previos.
Intentos de tregua humanitaria
La comisión tripartita de mediadores enfoca sus esfuerzos actuales en consolidar una «pausa humanitaria» de carácter urgente en las carreteras. Las movilizaciones políticas, que acumulan 23 días consecutivos de actividad, mantienen bloqueadas las principales arterias de comunicación terrestre del país, impidiendo de forma crítica el suministro regular de víveres de primera necesidad, combustibles para el transporte y cargamentos de insumos médicos esenciales para la red sanitaria pública.
Exigencia de dimisión presidencial
La Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, la COB y sectores leales al expresidente Evo Morales justifican las protestas bajo el argumento de un presunto incumplimiento de promesas gubernamentales y supuestos planes de privatización de servicios públicos, señalamientos que han sido rechazados por el gabinete de Rodrigo Paz.
La crisis tiende a radicalizarse luego de que facciones de campesinos aimaras declararan formalmente que no mantendrán ningún tipo de pacto o negociación con el oficialismo, ratificando que el único mecanismo para desactivar el cerco logístico sobre La Paz y El Alto es la renuncia inmediata del primer mandatario. Ante el desabastecimiento hospitalario de insumos vitales como el oxígeno medicinal, decenas de trabajadores de la salud pública marcharon en la capital para clamar por el cese temporal de los bloqueos de vías.
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