El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela criticó este jueves que el proyecto de reforma parcial de la ley contra el odio, actualmente en estudio en la Asamblea Nacional, contemple sanciones económicas que podrían afectar directamente a periodistas y medios de comunicación, razón por la cual reiteró su llamado al Parlamento para derogar la totalidad de la normativa.
A través de un comunicado de prensa, la organización gremial precisó que la propuesta legislativa fija multas que oscilan entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia —equivalente a montos de entre 500 y 10.000 euros—, además de imponer trabajos comunitarios y programas educativos de entre 200 y 600 horas.
Riesgos de autocensura y redundancia jurídica
El SNTP advirtió que estas penalizaciones pecuniarias pueden comprometer el patrimonio de los comunicadores independientes y la sostenibilidad operativa de los medios, por lo que consideró insuficiente la eliminación de las penas de cárcel para garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo, el sindicato alertó que el temor a enfrentar investigaciones o sanciones administrativas puede condicionar las líneas editoriales, desincentivar el periodismo de investigación y provocar que las fuentes informativas opten por el silencio. De igual modo, cuestionó la pertinencia de mantener vigente este instrumento legal, argumentando que el ordenamiento jurídico venezolano ya cuenta con disposiciones destinadas a prevenir y castigar conductas de discriminación, violencia e incitación al odio.
Trámite parlamentario y balance de procesos judiciales
A comienzos de este mes, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión la reforma de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia con el propósito de despenalizar las faltas y sustituirlas por sanciones administrativas o pecuniarias. El texto aún debe superar una segunda discusión para su sanción definitiva.
De acuerdo con los registros del SNTP, hasta enero del presente año se contabilizaban 40 casos de periodistas privados de libertad o sometidos a procesos judiciales, de los cuales 28 respondían a imputaciones vinculadas con esta legislación. La normativa original fue sancionada en noviembre de 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente tras meses de conflictividad política y protestas en el país; desde esa fecha, al menos 927 personas han sido acusadas por «incitación al odio», según cifras divulgadas en septiembre por la ONG Foro Penal.
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