El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este lunes que un tribunal negó la solicitud de amnistía del periodista Rory Branker, quien estuvo detenido casi un año y fue excarcelado en febrero en el marco de las liberaciones iniciadas por el Gobierno encargado en enero.
Según el sindicato, Branker presentó su solicitud conforme a la Ley de Amnistía promulgada en febrero, pero el tribunal le notificó este lunes que «no procede» el sobreseimiento ni la anulación de su caso. «La decisión mantiene abierto el proceso penal en su contra y confirma que su excarcelación no significó el fin de la persecución», señaló el SNTP en un mensaje publicado en X.
Con esta resolución, se mantienen los cargos contra el periodista, quien fue imputado por supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, en un proceso que el gremio califica de «carente de garantías». La organización consideró que la decisión «evidencia la aplicación discrecional» de la Ley de Amnistía, al distinguir entre quienes se benefician de la medida y quienes siguen bajo proceso.
Branker, editor del medio web La Patilla, fue detenido el 20 de febrero de 2025 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), según denunció el SNTP en su momento. En septiembre pasado, el sindicato informó que la familia del periodista pudo verlo por primera vez en un calabozo policial, tras 206 días de incertidumbre sobre su paradero.
Libertad
El comunicador fue excarcelado el 4 de febrero, tras once meses de detención, en el contexto de un plan de liberaciones anunciado el 8 de enero por el Ejecutivo de transición, que se ha prolongado hasta el 26 de marzo con un total de 8.416 personas puestas en libertad, según datos del Parlamento, que no ha publicado una lista detallada de beneficiarios.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 —año en que el chavismo llegó al poder—, pero limita la medida a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, dejando fuera el resto del periodo, así como casos ligados a operaciones militares y delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. El SNTP subraya que esa restricción y la negativa a la amnistía de Branker alimentan el temor de que la norma se use seccionadamente contra opositores, periodistas y activistas.
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