El socialista Salvador Illa tomó posesión este sábado como presidente de la comunidad de Cataluña y confirmó su voluntad de «gobernar para todos» y «unir y servir» a los catalanes, en un acto dos días después de su investidura que estuvo marcada por el fugaz regreso a España del expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española.
Illa prometió el cargo «con fidelidad al rey, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las instituciones nacionales de Cataluña» y en su primer discurso como presidente de esta región española expuso que los ejes principales de su presidencia serán los de «unir y servir» a los catalanes, con el objetivo de llevar «la máxima libertad, la máxima prosperidad y la máxima igualdad posible a los catalanes».
El socialista, ex ministro español de Sanidad durante la pandemia, fue investido gracias a los votos de su partido, los de Comuns (izquierda) y los del partido independentista ERC, con quienes alcanzaron un acuerdo para dar una «financiación singular» a esta región española, un pacto que recibió críticas por parte de la oposición y algunas voces socialistas.
Este sábado, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, leyó el Real Decreto de nombramiento, Illa prometió el cargo y el presidente saliente, Pere Aragonès (ERC), le impuso la medalla correspondiente a su nueva responsabilidad institucional.
En su primer discurso como 133 presidente de la Generalitat (el gobierno regional catalán) se comprometió a «unir» a los catalanes, respetando su pluralidad y diversidad, ante el avance de «planteamientos divisivos, demagógicos y populistas» que ponen en riesgo la convivencia y la «unidad civil» de la región.
Illa se convierte así en el tercer presidente de la Generalitat salido de las filas socialistas y pone fin a un ciclo de catorce años de presidentes soberanistas.
Una investidura marcada por Puigdemont
La investidura del pasado jueves estuvo marcada por la reaparición pública en España de Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención por un delito de malversación, no recogido en la ley de amnistía de la que se han beneficiado otros líderes independentistas que participaron en el intento secesionista de 2017.
El líder independentista apareció en Barcelona (donde según su entorno se encontraba al menos desde el martes), dio un mitin a escasos metros del parlamento catalán y después se subió en un coche que la policía catalana (los Mossos d’Esquadra) fue incapaz de localizar, a pesar de activar un operativo con el que cortaron carreteras durante varias horas y en el que registraron cientos de vehículos.
El operativo fue duramente criticado por la oposición, que señaló a ese cuerpo de seguridad regional, al ministerio español de Interior y al Centro Nacional de Inteligencia como responsables.
El Tribunal Supremo solicitó sendos informes, a los Mossos y a Interior, para esclarecer por qué no se logró detener a Puigdemont, quien aseguró ayer estar de nuevo en Waterloo (Bélgica) done reside desde 2017.
Los Mossos salieron ayer al paso de las críticas y criticaron a Puigdemont y a su entorno de no ser «leales» a las instituciones catalanas y de crear una «campaña de desinformación» sobre su regreso a España. Asimismo, insistieron en que no ha existido ningún acuerdo con el expresidente para pactar su detención y reconocieron que no lograron detenerle «por más» que lo intentaron.
Además, confirmaron que, a pesar de las informaciones que sitúan al expresidente de nuevo en Bélgica, ellos siguen buscándole en España porque aún no cuentan con elementos «objetivos» que confirmen su salida del país.
Hasta el momento hay tres agentes del cuerpo policial catalán detenidos por, presuntamente, haber colaborado en la entrada a España de Puigdemont y su posterior huida.
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