La reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) en el caso Matter of A-E-V-M- estableció que la salida del poder de Nicolás Maduro y la posterior transición ejecutiva representan un cambio en las condiciones del país. Este factor deberá considerarse formalmente al evaluar las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos.
No obstante, analistas y expertos en el sistema penal venezolano señalan que el fallo no implica el rechazo automático de las peticiones en curso.
Rolnar Sanabria, fundador del Latino Institute for Security Efficiency (LISE) y exfiscal especializado en el sistema de justicia venezolano, señala que, aunque la cúpula del Ejecutivo haya cambiado, las estructuras institucionales y los organismos de seguridad preexistentes continúan operando en gran medida.
Por ello, la BIA ratificó la necesidad de realizar evaluaciones individualizadas para determinar si los agentes perseguidores específicos mantienen la capacidad y la intención de ejercer coerción sobre cada solicitante.
Panorama institucional
El análisis coincide con el panorama institucional en Venezuela, donde persisten detenciones por motivos políticos y se desarrollan negociaciones entre sectores del chavismo y la oposición para la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según Sanabria, coautor del libro Documentos venezolanos ante la Corte de Inmigración de Estados Unidos, la falta de reformas estructurales profundas en el sistema judicial y en la Fiscalía mantiene vigentes los marcos legales utilizados para la persecución.
El fallo de la BIA se emite en un entorno de alto escrutinio judicial. Datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) indican que en junio de 2026 las cortes de inmigración de EE. UU. registraron un 94.1% de denegaciones en casos de asilo, con una tasa de aprobación del 5.5%.
Una directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitida en mayo de 2026, instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a intensificar la revisión del fraude documental, estableciendo sanciones para solicitantes, preparadores y representantes legales.
Frente a este escenario, expertos recomiendan a la defensa legal de los solicitantes fundamentar minuciosamente la vigencia del riesgo individual y verificar la autenticidad de las pruebas documentales presentadas ante los tribunales de migración.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
