La dirigente opositora venezolana Delsa Solórzano alertó este domingo 15 de marzo sobre la desaparición forzada del preso político Víctor Hugo Quero, detenido el 1 de enero de 2025, y calificó el caso como «de extrema gravedad que compromete la responsabilidad del Estado».
En X, la exdiputada relató que la madre del detenido, Carmen Teresa Navas (81 años), ha recorrido cárceles y oficinas públicas sin obtener información sobre su paradero. Recientemente, el CICPC cambió el equipo investigador, pero «la familia continúa sin saber dónde está Víctor», enfatizó.
«Cuando una persona es detenida por el Estado y las autoridades se niegan a informar su paradero, estamos ante una desaparición forzada, prohibida expresamente por el artículo 45 de la Constitución, incluso en estados de excepción», argumentó Solórzano, quien salió de la clandestinidad en enero pasado tras 17 meses oculta.
Exigió el paradero de Quero, responsabilidades penales y criticó el «patrón de violaciones de derechos humanos» en Venezuela, con detenciones arbitrarias y persecución política. «Centenares de presos políticos siguen privados de libertad. La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Parlamento chavista, no se aplica automáticamente y excluye casos desde 1999, quedando a discreción de jueces», añadió.
El Gobierno niega presos políticos y los califica como delincuentes comunes. Foro Penal reportó el miércoles 508 detenidos por motivos políticos, incluidos 44 extranjeros o con doble nacionalidad. La Ley de Amnistía, de febrero 2026, cubre solo 13 hechos específicos en 13 años, excluyendo operaciones militares.
María Corina Machado, Nobel de la Paz, denunció el sábado que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez «pretende prolongar el terror» y llamó a la comunidad internacional a presionar por los familiares y ONG.
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