Agentes de la Policía Federal de Brasil registraron este martes nueve inmuebles vinculados al diputado federal Luciano Bivar, presidente del Partido Social Liberal (PSL), al que Bolsonaro se afilió a principios de 2018 y que le llevó al poder en los comicios de ese año.
Los registros, autorizados por un tribunal electoral, se llevaron a cabo en el estado de Pernambuco (nordeste), y entre los objetivos del operativo figuran una residencia de Bivar, la sede del partido en ese estado y una gráfica, donde confiscaron documentación, ordenadores, celulares y memorias USB.
Las autoridades investigan si hubo fraude del PSL en el empleo de los recursos del llamado «fondo partidario», constituido con dinero público y destinado a financiar campañas políticas, que estaban reservados para candidaturas de mujeres.
Según la ley, los partidos estaban obligados a destinar un 30 % del valor que les correspondía del «fondo partidario» para financiar las campañas de mujeres, pero la Policía Federal asegura que «hay indicios» de que el PSL usó ese dinero «de forma ficticia» y lo desvió para otros fines.
Bivar dijo, a través de su abogado, que la operación está «fuera de contexto» y que, tras diez meses de investigación, las autoridades, según él, no han encontrado «indicios de fraude».
El PSL era una plataforma minúscula, pero irrumpió con fuerza en las elecciones legislativas de 2018 alentado por Bolsonaro y ahora cuenta con 53 de los 513 diputados, siendo el segundo mayor grupo en la Cámara Baja, por detrás del opositor Partido de los Trabajadores (PT), que tiene 54 escaños.
En el partido, de corte liberal en el apartado económico, pero conservador en lo social, también militan dos hijos de Bolsonaro: Eduardo, quien fue el diputado más votado de Brasil, y el senador Flavio.
Este último fue investigado por la Fiscalía por movimientos financieros atípicos y uso de funcionarios «fantasma» en su etapa como diputado regional de Río de Janeiro, aunque las pesquisas fueron suspendidas por orden de la Corte Suprema.
Las sospechas no cesan en torno a la sigla en la que milita Jair Bolsonaro, pues por un caso similar al de Bivar, este mes, la Fiscalía denunció formalmente al actual ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, el único miembro del PSL en el Gobierno.
El Ministerio Público le acusa de promover «candidatos fantasma» en el estado de Minas Gerais (sureste) con la intención de aumentar los recursos del «fondo partidario».
Por el momento, Bolsonaro mantiene en el cargo a su ministro, aunque ha abierto la puerta a un posible destitución en caso de que los tribunales acepten los cargos.
En las últimas semanas, el líder ultraderechista, quien se enfundó la bandera de tolerancia cero con la corrupción en las elecciones presidenciales de hace un año, ha intentado distanciarse de su partido, del que incluso se plantea desvincularse definitivamente.
La semana pasada, el mandatario y una veintena de parlamentarios del PSL pidieron a la directiva nacional mayor transparencia e informaciones sobre las cuentas del partido de los últimos años, y en base a ello, decidirán si permanecen o no afiliados al mismo.
Bolsonaro evidenció las fricciones existentes con el PSL, cuando días atrás recomendó a un seguidor suyo que «olvidara» a ese partido político y también al diputado Bivar porque, según afirmó, «están muy quemados».
En la víspera, el portavoz de la Presidencia de Brasil, Otávio do Rego Barros, salió al paso sobre la crisis en el seno del partido y comentó que «cualquier matrimonio es susceptible de un divorcio».
Mientras, el mandatario se ha anticipado a una eventual separación con el PSL, y ha iniciado conversaciones con dirigentes de al menos cinco partidos, según dijo en una entrevista con ‘O Globo’ su abogado electoral, Karina Kufa.
Los escándalos en el seno el PSL podrían minar aún más la popularidad de Bolsonaro.
Según un reciente sondeo realizado por el Instituto Ibope, la evaluación positiva del Gobierno de Bolsonaro cayó desde el 35 % en abril, hasta el 31 % en septiembre, con apenas nueve meses de mandato.
La encuesta mostró además que poco más de la mitad de la población no confía en el gobernante y rechaza la forma en la que ejerce el poder.
EFE
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