
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al Gobierno de Donald Trump a continuar la construcción de un tramo del muro fronterizo en el oeste de Texas, el cual abarca el parque nacional Big Bend. Con esta decisión, contenida en un fallo de cinco páginas, el Ejecutivo podrá reanudar los trabajos de infraestructura e instalación de equipos de vigilancia que habían sido paralizados por un tribunal de distrito en Texas.
El respaldo del Supremo a la seguridad fronteriza
En su dictamen, la máxima corte argumentó que la suspensión dictada por la instancia inferior impedía al Gobierno avanzar en sus intereses «apremiantes» en materia de seguridad e integridad territorial. «El interés del Gobierno pesa más que cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes», sentenció el Supremo al desestimar la medida cautelar que mantenía frenada la obra.
Litigio ambiental e impacto en un área protegida
La intención de levantar la estructura en esa región desató una ola de críticas por parte de residentes locales y grupos ecologistas, quienes iniciaron las acciones legales en abril. Las organizaciones demandantes argumentaban que la administración de Trump violó la Constitución al otorgar exenciones sobre decenas de leyes ambientales para acelerar la colocación de barreras.
El parque nacional Big Bend resguarda más de 324.000 hectáreas protegidas a lo largo de la frontera con México. La reserva alberga especies en peligro de extinción, valiosos yacimientos arqueológicos y ecosistemas de alto valor paisajístico.
Rechazo de los demandantes y bajas cifras de cruces
El Centro para la Diversidad Biológica, una de las ONG impulsoras de la demanda, rechazó de inmediato la resolución judicial. «El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos», declaró el activista Laiken Jordahl, quien advirtió que la decisión da paso a la «destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas».
La controversia escala en una zona caracterizada por su baja incidencia de migración irregular. El sector de Big Bend, que comprende 832 kilómetros de línea fronteriza, representó apenas el 1,3 % del total de detenciones registradas en la frontera en 2025.
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