En Venezuela, las normativas ambientales vigentes nunca han sido suficientes para resguardar de manera efectiva a las abejas. Aunque el país cuenta con una base jurídica en la Constitución, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente, estas disposiciones son demasiado generales y carecen de reglamentos específicos orientados a los polinizadores.
Ante esta problemática, el Prof. Dr. Raúl A. Casanova, Rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), advierte que la ausencia de un marco legal exclusivo fomenta el exterminio de las colonias por desconocimiento, agrava el impacto de los plaguicidas y desprotege los hábitats naturales frente a los incendios y la deforestación.
Casanova es una de las voces científicas más respetadas del país, galardonado con el Premio Nacional del Libro en 2006 por su obra Apicultura Práctica con Abejas Africanizadas y pionero en la redacción de ordenanzas municipales de protección apícola en Táchira.
Un marco legal indirecto y con severos vacíos
Las abejas y los polinizadores solo se consideran de forma tangencial a través de la Ley de Gestión de Diversidad Biológica —que protege de manera general a los equilibrios ecosistémicos— y la Ley de Protección de Fauna Silvestre, la cual clasifica a las abejas libres como parte de la fauna. Sin embargo, estas herramientas resultan inoperantes ante las principales amenazas del sector.
En materia de tala y quema, la legislación penal contempla sanciones por incendios de vegetación, pero se limita a los daños generales a los ecosistemas sin incluir prohibiciones expresas ni protocolos de reubicación para los sitios de anidación. De igual forma, en cuanto al mal uso de agrotóxicos, la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos regula los plaguicidas de forma amplia, omitiendo el análisis ecotoxicológico directo sobre las abejas melíferas y las especies nativas sin aguijón (Meliponini).
A diferencia de otros países de la región, en Venezuela no existe la obligación legal de notificar previamente a los apicultores sobre las jornadas de fumigación ni se establecen restricciones horarias.
Esta vulnerabilidad se traduce en datos alarmantes. Investigaciones lideradas desde la academia en los valles altos tachirenses evidenciaron que el 64,3% de las muestras de miel analizadas presentaban contaminación por plaguicidas organofosforados como clorpirifos, metamidofos y metil-paratión.
A esto se suman factores tecnológicos modernos, como la proximidad de apiarios a antenas de telefonía 5G y tendidos de alta tensión, que alteran la orientación de los insectos.
Para el sector académico y los productores, la apicultura no debe concebirse únicamente como un negocio comercial de extracción de miel, sino como una actividad estratégica de conservación biológica.
Frente a la respuesta habitual de exterminio ante la presencia de un enjambre en áreas urbanas —frecuentada por bomberos y cuerpos de seguridad por falta de protocolos—, la creación de una ley específica se vuelve impostergable.
Si se redactara una nueva normativa nacional, los expertos proponen incluir tres garantías innegociables:
Utilidad pública de la flora nectarífera y polinífera: Obligando a realizar estudios de impacto ambiental e incorporando corredores biológicos en el ordenamiento territorial.
Regulación de agroquímicos y avisaje obligatorio: Prohibiendo plaguicidas sistémicos letales como los neonicotinoides e imponiendo un plazo de 48 horas de notificación previa por parte de los agricultores antes de cualquier fumigación.
Reconocimiento y rescate ético: Definiendo a las colonias como especie vital, prohibiendo su exterminio y delegando su retiro exclusivamente a apicultores certificados o bomberos capacitados para su reubicación.
Experiencias internacionales exitosas, como la de los Cuerpos de Bomberos de Río de Janeiro (Brasil), demuestran que es posible articular la recolección urbana con programas de mejora genética y cría de reinas, transformando la emergencia en un motor de desarrollo productivo.
El mensaje hacia los legisladores es claro y directo: proteger a las abejas no es meramente un asunto ambiental, sino una cuestión de supervivencia humana y soberanía nacional. Sin la labor de los polinizadores, más de tres cuartas partes de los cultivos que sustentan la dieta humana y animal colapsarían.
El futuro de la producción agroalimentaria en Venezuela exige elevar la apicultura al rango de actividad económica fundamental, blindar el territorio frente a la importación descontrolada de abejas reina y mieles adulteradas, y apostar por el conocimiento científico de las universidades para garantizar que el motor invisible de nuestros ecosistemas siga zumbando.
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