
Amnistía Internacional (AI) advirtió que leyes promulgadas entre 2020 y 2025 en Ecuador, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Nicaragua y Perú están «deteriorando el tejido social» al restringir a las ONG que defienden derechos humanos y brindan ayuda humanitaria.
En un informe divulgado este lunes en Asunción (Paraguay), AI denuncia que estas legislaciones imponen «controles desproporcionados» —como registros previos, impuestos abusivos y requisitos administrativos complejos— que paralizan financieramente a las organizaciones y limitan su apoyo a comunidades vulnerables.
«Estamos ante prácticas autoritarias que cierran el espacio cívico y restringen a defensores de derechos humanos identificados como disidentes», afirmó Ana Piquer, directora de AI para las Américas, en entrevista con EFE. En El Salvador, la Ley de Agentes Extranjeros (2025) grava con 30% las transacciones internacionales de ONG, dejando muchas sin viabilidad operativa; en Nicaragua (2020), provocó el cierre de cientos de entidades.
Antipatriótica
El informe crítico narrativas oficiales estigmatizantes que tildan a las ONG de «antipatrióticas». En Ecuador, se cerraron cuentas bancarias durante protestas; en Venezuela, una ONG anónima reportó ser vista como «enemigo interno» por documentar violaciones de derechos humanos.
Estas leyes se aprueban «exprés, sin debate ni participación ciudadana, con conceptos vagos», pese a abarcar espectros políticos diversos, subraya Piquer. AI urge su reforma o derogación para cumplir tratados internacionales, insistiendo: «Las ONG cubren donde el Estado no llega».
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