Los devastadores terremotos registrados en Venezuela han reducido hasta en cuatro puntos porcentuales las previsiones independientes de crecimiento económico para este año, las cuales oscilaban originalmente entre un 4 % y un 8 %. Este desastre natural sacude de forma directa el proceso de reactivación y apertura iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos en enero pasado.
Desde el 24 de junio, fecha del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó al menos 3.811 fallecidos y 16.740 heridos, el tablero de prioridades nacionales cambió radicalmente. La emergencia obliga ahora a concentrar los esfuerzos estatales en dar soluciones habitacionales a las más de 17.900 personas que perdieron sus hogares y que hoy se refugian en campamentos provisionales.
La catástrofe eclipsa temporalmente una nueva era económica que apuntaba hacia la privatización y apertura al capital extranjero de sectores neurálgicos como el petrolero, el minero y el eléctrico. Esta estrategia de reinserción en los mercados financieros globales ya había dado sus primeros frutos mediante la firma de acuerdos con multinacionales energéticas europeas y estadounidenses, bajo la estricta mirada del Gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca mantiene una colaboración estrecha con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió la jefatura tras la caída del chavismo.
El sector empresarial prevé «modo tragedia»
Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras (la mayor patronal empresarial del país), explicó que a pesar de que los principales corredores agrícolas, turísticos, comerciales e industriales —incluyendo los campos de extracción de crudo— se ubican fuera del epicentro de los sismos, el impacto global altera toda la dinámica de planificación.
«La economía se pone en modo tragedia», sentenció el dirigente gremial, proyectando que el impacto restará de forma inmediata entre dos y tres puntos al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
El inventario de daños materiales abarca la destrucción parcial o total de complejos residenciales, sedes corporativas, hoteles, centros de salud, escuelas, autopistas y puentes. El daño logístico más grave se concentra en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en La Guaira, una de las zonas más golpeadas. Evaluaciones satelitales preliminares de la NASA sugieren que unas 58.870 estructuras sufrieron daños, mientras que el balance oficial del Ejecutivo reporta el colapso absoluto de 190 edificios.
Financiamiento internacional y fondos de auxilio
Ante la magnitud del desastre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó provisionalmente los daños materiales directos en unos 6.700 millones de dólares. Capozzolo enfatizó que superar esta crisis requerirá esquemas de reconstrucción en alianza con el capital privado y el acceso urgente a líneas de crédito de organismos multilaterales.
En este frente, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó acercamientos con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, así como mesas de trabajo técnicas con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De igual manera, se solicitó la asistencia técnica del PNUD para coordinar planes de urbanismo y vivienda. Como medidas inmediatas de choque, el Ejecutivo decretó la creación de un fondo de auxilio con un capital base de 200 millones de dólares y la apertura de una cuenta receptora de donaciones internacionales gestionada por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Riesgo de inflación vs. la vigencia del plan de Washington
Para el director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, el viraje económico del país no se detendrá, pero sí se verá condicionado por la presión del gasto social. Tras recortar las expectativas de expansión a un rango de entre el 2 % y 4 %, el analista alertó sobre posibles distorsiones macroeconómicas: «Habrá mayores presiones inflacionarias porque el Gobierno va a tratar de ejecutar más gasto para hacer frente a las necesidades de la reconstrucción».
No obstante, Oliveros aclaró que este cambio en la bitácora no implica el fracaso de las metas trazadas a principios de año ni un desinterés por parte de la Casa Blanca. Para el mercado norteamericano, el suministro energético proveniente de Caracas sigue considerándose una prioridad de seguridad nacional, una postura que Washington revalidó al ratificar que sus planes comerciales en la región permanecen completamente intactos.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
