Sindicatos y trabajadores de Venezuela denunciaron este jueves que la Policía instaló barreras y vehículos para impedir una marcha prevista hasta el palacio presidencial de Miraflores. Carlos Salazar, integrante de la Coalición Sindical Nacional, informó a EFE que «más de mil policías» cercaron la Plaza Morelos, punto de concentración y sede de la Defensoría del Pueblo. El dirigente subrayó que la movilización contaba con permisos otorgados por la Alcaldía de Caracas con ocho días de anticipación.
Los manifestantes portaron banderas y pancartas exigiendo un aumento de sueldos y pensiones, los cuales permanecen congelados desde 2022 en 130 bolívares mensuales (aproximadamente 27 centavos de dólar). Durante la jornada, los gremios también expresaron su rechazo a que el Estado financie la defensa legal de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos. Los líderes sindicales recordaron que la canasta alimentaria ronda los 700 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría de los trabajadores.
Contraste con la agenda oficialista
El sindicalismo denunció que los obstáculos a su movilización coincidieron con el cierre de calles y de la principal autopista de la ciudad para facilitar la «peregrinación» chavista. Esta marcha oficialista, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde el pasado 19 de abril, tiene como objetivo principal exigir el levantamiento de las sanciones económicas internacionales contra el país.
Expectativa por el anuncio del 1 de mayo
Ante la imposibilidad de avanzar hacia el palacio presidencial, los trabajadores ratificaron su convocatoria para el viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería, advirtió que decretarán mayo como un «mes de lucha laboral, social y política». El sector espera un anuncio salarial «responsable» por parte de Delcy Rodríguez, aunque los dirigentes adelantaron que, de no cumplirse las expectativas, iniciarán una nueva jornada de protestas nacionales.
Antecedentes de represión y conflicto
La protesta de este jueves se suma a una serie de manifestaciones organizadas en los últimos meses para reclamar el reconocimiento de las contrataciones colectivas y el cese de la persecución sindical. Las tensiones han ido en aumento desde el pasado 9 de abril, cuando una movilización similar intentó llegar a la sede del Ejecutivo y fue reprimida por funcionarios policiales, marcando un patrón de restricción a la libre circulación de las exigencias laborales en la capital.
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