Bogotá.- El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no cesa en Colombia, que ya superó el centenar de homicidios en lo que va de año, en un recrudecimiento de la violencia contra los que alzan la voz y muy particularmente contra los pueblos indígenas.
Raúl Alonso García fue el número 100. A este líder político y exconcejal lo asesinaron el 7 de julio en un municipio de Arauca (frontera con Venezuela) y se suma a una trágica lista a la que este martes también se añadió Jaime Losada en el Putumayo (frontera con Ecuador).
«Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019», aseguró a Efe Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio.
A la «arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales» se le ha sumado un contexto electoral, que está poniendo en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.
La cifra de Indepaz es superior a la de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que hasta el 31 de mayo había recibido 89 alegaciones o quejas de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales solo habían podido verificar 21.
Pero es superior a la que Indepaz había registrado el año pasado a la misma fecha, ya que entonces documentaba 89 asesinatos de líderes sociales. En total, en 2021, fueron asesinados 171 líderes, según este instituto, mientras que el Programa Somos Defensores documentó 139 y la Defensoría del Pueblo, 145.
UN «GENOCIDIO» INDÍGENA
Este año ha sido especialmente preocupante la situación en los territorios indígenas donde, como subrayó a Efe el vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Óscar Montero, se está dando un «genocidio físico y cultural».
El pasado 3 de julio, tres jóvenes indígenas awá fueron asesinados a tiros presuntamente por un grupo de disidencias de las FARC en el Resguardo indígena Inda Sabaleta, en el departamento de Nariño, cuando se encontraban en una reunión.
La Asociación Minga denunciaba una «total sinrazón» porque este pueblo indígena es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En lo que va de año, según la ONIC, han sido asesinados al menos 85 indígenas en el país, y más de 30 de ellos pertenecían al pueblo awá. En el ataque del 3 de julio fueron asesinados el gobernador encargado del resguardo, Juan Orlando Moreano, y dos guardias indígenas, Jhon Faver Nastacuas y Carlos José García, que tenían 26 y 28 años, respectivamente.
Otros casos con repercusión este año fueron los de José Albeiro Camayo, excoordinador de la guardia indígena que fue asesinado el 24 de enero por disidentes de la llamada columna «Jaime Martínez» de las disidencias de las FARC, y el de Breiner Cucuñame, un joven de 14 años asesinado solo unos días antes en el mismo resguardo, Las delicias, en Cauca (suroeste), y que se formaba para ser guardia indígena.
«No se asesina a cualquier miembro de las comunidades», valoró Montero, quien señala que se mata «de manera selectiva a (…) las voces visibles de los pueblos indígenas en los territorios, es decir, autoridades indígenas, gobernadores, guardias…».
Es una forma de mandar un «mensaje» al resto de la comunidad para meter temor a los jóvenes para que no se meten en la guardia indígena, el cuerpo tradicional de protección de las comunidades, pero también para aquellos que quieran levantar la voz.
Así se está atacando a quienes «le están poniendo el pecho y la frente a todo el tema de violencia estructural que hay en los territorios, es decir al narcotráfico, al rearmamiento de las disidencias de las FARC y al paramilitarismo», resumió Montero, líder kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (norte).
Desde la ONIC siguen denunciando que «la paz nunca llegó a sus territorios» y que incluso «el conflicto se disparó de una manera desproporcional», haciendo que también los indígenas sean los más afectados por el desplazamiento y los confinamientos forzados.
SIGUEN LAS MASACRES
Sin embargo, no solo se persigue a líderes en los resguardos indígenas, también se asesina a otros líderes de la comunidad, Juntas de Acción Comunal o sindicalistas que son «molestos» en territorios, sobre todo del Pacífico y de la frontera con Venezuela, para los grupos que se disputan las rutas del narcotráfico, los frutos de la minería ilegal o los corredores para sacar lo ilícito.
El 7 de junio lo fue Jesusita Moreno, «Doña Tuta», una líder social de 60 años que tenía una «voz contundente por la exigencia al respeto a la vida y al territorio de sus comunidades», según la definió la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
«Doña Tuta» fue asesinada en Cali y el 26 de enero la víctima mortal fue Rosalba Peña, durante el velorio de su esposo, Álvaro Peña, un líder comunal de Tame (Arauca).
En Arauca, escenario a principios de año de una guerra entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias disidencias de las FARC, los ataques, amenazas y asesinatos de líderes sociales han sido especialmente pronunciados.
Mientras tanto, las masacres siguen también sin dar tregua y en lo que va de año se han producido 53, también según la cuenta de Indepaz, en las que han muerto 185 personas.
Desde Indepaz esperan «que la situación mejore con el nuevo Gobierno» aunque la tendencia es probable que siga al alza en los próximos meses y está en las manos del Ejecutivo de Gustavo Petro el comenzar una implementación real del acuerdo de paz y hacer una correcta protección de quienes defienden sus comunidades, la tierra y los pueblos.
Irene Escudero EFE
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