Desde primeras horas de la mañana de este miércoles, trabajadores de las empresas básicas de Guayana trancaron de forma sorpresiva los accesos a la zona industrial Matanzas, bloqueando el tránsito en las avenidas Guayana, Fuerzas Armadas y Norte Sur 1, entre otros puntos estratégicos de la ciudad. La manifestación responde a la falta de respuesta oficial ante sus exigencias salariales, entre las que destaca el pago de más de 1.000 dólares por concepto de vacaciones.
La concentración principal se ubicó en el distribuidor de la avenida Guayana, a la altura de Alcasa. En el lugar se congregaron empleados activos, jubilados y pensionados de Sidor, Venalum, Bauxilum e Interalúmina. Los manifestantes recordaron que hace ocho días realizaron una acción similar en la que entregaron un pliego de peticiones a la directiva de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), sin recibir hasta la fecha ninguna propuesta por parte del Ejecutivo Nacional.
El conflicto se agudizó luego de que la directiva de la CVG pretendiera cancelar 480 dólares por concepto de utilidades fraccionados en cuatro partes, oferta que fue rechazada categóricamente por los trabajadores, quienes exigen la cancelación de un bono único de 1.200 dólares.
Los voceros del holding estatal señalaron directamente al presidente de la CVG, Héctor Silva, acusándolo de desestimar los reclamos de quienes mantienen operativas las plantas. Asimismo, hicieron un llamado a la pesidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, para que intervenga de manera inmediata y garantice el respeto a los derechos laborales de la clase obrera de Guayana.
Cuestionan destino de exportaciones de aluminio
Durante la jornada de protesta, los manifestantes exigieron cuentas claras a representantes de la CVG. En específico, preguntaron a la directiva cuál fue el destino de los más de 52 millones de dólares generados por el reciente envío de más de 15.000 toneladas de aluminio a los Estados Unidos concretado el pasado mes de septiembre. De igual forma, recordaron que en el año 2018 se despachó un cargamento previo de 8.000 toneladas del metal, cuyo destino y rendimiento financiero nunca fueron aclarados a los trabajadores.
Los manifestantes advirtieron que mantendrán los cierres de vías y las acciones de calle de forma indefinida hasta obtener soluciones concretas. Reiteraron que no aceptarán un pago incompleto ni fraccionado de sus beneficios contractuales.
Además, exigen que unas elecciones libres y democráticas en el país, igualmente que se haga sin demora la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y representantes del Consejo Nacional Electoral, también que los presos políticos sean liberados todos.
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