Los transportistas de las ciudades de La Paz y El Alto levantaron este jueves la huelga indefinida que mantenían desde la víspera, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para la verificación de la calidad del combustible, cuya supuesta contaminación ha dañado miles de vehículos y desatado bloqueos callejeros en el departamento.
El acuerdo fue firmado tras un diálogo entre dirigentes de las federaciones de transportistas de La Paz y los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo; Obras Públicas, Mauricio Zamora; Economía, José Gabriel Espinoza; Gobierno (Interior), Marco Oviedo; y de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. Medinaceli informó que se conformará una comisión con los representantes del transporte para verificar la calidad del carburante en los países de origen, en la planta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en El Alto y en las estaciones de servicio.
También se acordó que el resarcimiento del Estado a los propietarios de vehículos afectados por combustible de mala calidad “sea por más de una vez” y se realice de forma inmediata. Medinaceli precisó que con ello se garantiza el levantamiento inmediato de todas las medidas de presión de los sectores de autotransporte, ratificado por el dirigente Edson Valdez, quien insistió en que la suspensión del paro se hace “con la aquiescencia de todas las federaciones” y advirtió que, de no cumplirse el convenio, se retomarán las movilizaciones.
100% de diésel
Los choferes habían iniciado la huelga y bloqueos en La Paz y El Alto desde el miércoles, exigiendo además reunión con el presidente Rodrigo Paz y la renuncia de Medinaceli, del presidente de YPFB, Yussef Akly, y del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno. La movilización se desarrolló en un contexto en el que Bolivia importa casi el 100% del diésel y alrededor del 60% de la gasolina para su consumo interno, principalmente de Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Estados Unidos.
Según datos oficiales, más de 10.000 personas han presentado reclamos formales ante YPFB por daños en motores producto de gasolina con elevados niveles de goma y manganeso, con costos estimados entre 100 y 5.000 dólares por vehículo. YPFB ha reconocido haber pagado indemnizaciones por unos 357.000 dólares y anunció que continuará efectuando compensaciones en abril.
El caso se enmarca en un escándalo de combustible adulterado que ha movilizado al sector transporte en los últimos meses. El presidente Paz atribuyó el problema a un “sabotaje” ejecutado por “estructuras organizadas” en gestiones pasadas y ordenó el resguardo militar de las plantas estratégicas de YPFB. En ese marco, el miércoles el Gobierno informó la detención de un conductor de un camión cisterna que intentó ingresar diésel contaminado a una planta de refinación en Senkata, y señaló que se investiga si existe una red dedicada a manipular carburantes a lo largo de la cadena de distribución.
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