El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco (centro de Chile) volvió este viernes a declarar culpable a Martín Pradenas por el delito de abuso sexual a siete mujeres entre 2010 y 2019, apenas seis meses después de que el juicio en el que se le había condenado en firme a 20 años de cárcel fuera anulado a causa del error de uno de los togados.
«Destacamos la importancia de la noticia dada a conocer hoy. Los estándares suscritos por el Estado chileno en la convención Belém Do Para, instrumento internacional suscrito desde los años 90, nos obligan a la debida diligencia a no revictimizar y a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y sus familias», declaró tras conocerse la resolución la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
«la perspectiva de género, se ha dicho repetidas veces, es una herramienta poderosa a favor de impartir justicia y no al revés. Es la perspectiva de género la que permite que se saquen de los elementos del juicio los prejuicios, las creencias respecto al deber ser de las mujeres y los juicios respecto a quién es una buena o una mala víctima y que termina por primar, a veces lamentablemente, más que los mismos hechos», declaró a la prensa.
La responsable reveló, asimismo, que ya se había comunicado con la familia de Antonia barra, la víctima más conocida de Pradenas, para mandarles nuestro cariño y nuestro sentimiento de gratitud también porque es gracias muchas veces a la lucha de las familias que la legislación avanza, como fue el año pasado con la ley Antonia y también en otros casos con la ley de Reparación Integral a las Víctimas de Femicidio».
«Quiero destacar en general a que las mujeres, y toda la ciudadanía por supuesto, tienen derecho a que el Estado empleé todo sus recursos para acreditar esta clase de delitos tan graves y que esta investigación demuestra el aprendizaje creciente respecto a la aplicación de la perspectiva de género», añadió.
Orellana aprovechó para lanzar una nueva crítica a algunos jueces al recordarles que «cuando se resolvió acoger el recurso de Martín Pradenas, dijimos del Ministerio de la Mujer que lamentábamos que la familia tuviera que pasar todo esto de nuevo, pero que confiábamos en que la justicia iba a confirmar que aquellos hechos que fueron denunciados se iban a volver a acreditar y eso no solo ocurrió, sino que se acreditó un delito más».
En diciembre pasado, La decisión del Supremo chileno de anular el juicio a Martín Pradenas causó una gran indignación en el Gobierno y en el país y empujó a las calles a las organizaciones feministas.
Minutos después de la revocación de la condena a 20 años de prisión, varias organizaciones de mujeres se agolparon a las puertas del máximo tribunal con pancartas moradas y al grito de «¡Corte Suprema, vergüenza nacional!».
En aquel fallo, la Corte aceptó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Padrenas y ordenó repetir el juicio por falta de imparcialidad de uno de los jueces del tribunal penal de Temuco (sur), quien hizo comentarios contra el acusado en sus redes sociales durante la vista oral.
El máximo tribunal no cuestionó el fondo de la sentencia, como son las pruebas emitidas o los delitos cometidos por el acusado, y basó la nulidad de la causa únicamente en los mensajes emitidos por el juez implicado.
Pese a la nulidad, Pradenas siguió en prisión preventiva hasta que se repita el juicio.
El caso Pradenas tuvo un amplio eco mediático y social a raíz del suicidio en 2019 de unas de sus víctimas, Antonia Barra, de apenas 21 años, que se quitó la vida por las secuelas psicológicas derivadas tres semanas después de ser violada.
La repercusión del caso impulsó la denominada «Ley Antonia», promulgada esta semana en honor a Antonia Barra y que tipifica la inducción al suicidio feminicida y el suicidio feminicida.
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