Amparo Constitucional y decisión del tribunal tercero

Ciudad Guayana.-Mirtha Coromoto Guevara Rivas, denunció en la redacción de Soynuevaprensadigital.com, sobre el supuesto acoso y violación de sus derechos consumados por el Tribunal Tercero de Control y el fiscal undécimo del Ministerio Público, ambos administradores de justicia la amenazan con privarla de libertad si no desaloja su vivienda en 30 días.

Es madre de un hijo con condiciones especiales y una menor de 17 años con problemas de salud, fue sacada de su domicilio ubicado en la urbanización Yara Yara, manzana 36, Puerto Ordaz, en donde habita desde el 2006, por una comisión del Bloque de Búsqueda del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, enseguida detenida con sus propios hijos.

De imputada a víctima, estuvo presa ocho días, hasta que fue presentada por el fiscal 11 del Ministerio Público, abogado Jorvis Moreno, en el Tribunal Tercero de Control a cargo de la abogada Julennys Rojas, quien decidió darle una medida cautelar sustitutiva de libertad con presentación cada ocho días.

La defensa pública introdujo un Amparo Constitucional, a favor de la procesada, en cuyo documento plantea una serie de violaciones contra Guevara Rivas. Pide a la jueza que se inhiba del caso, porque el mismo no es de competencia penal, sino civil y hasta la fecha no hay un pronunciamiento.

Mirtha, dice que la fiscalía le imputó el delito de apropiación indebida de su propia vivienda que construyó y adquirió con su pareja en 20 años de matrimonio, Segundo Antero Briones Cieza, quien de manera fraudulenta traspasó a una hija que tuvo en su primer matrimonio sin consultar a la víctima.

No obstante, la afectada denuncia que a pesar que la defensa apeló a la decisión del tribunal y al mismo tiempo introdujo un Amparo Constitucional, el fiscal superior Orlando Alcalá, no da ningún tipo de respuesta a la infortunada mujer.

Guevara Rivas, dice que siente miedo por las amenazas y acosos que recibe constantemente de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, efectivos de la Guardia Nacional, quienes llegan a su casa y se meten de manera violenta a su domicilio.

Pide al Fiscal General de la República, Tarek William Saab que intervenga en el caso, ya que se trata de una violación de sus derechos y ve con mucha preocupación que este tipo de extorsión ocurra y sea dirigida por personas llamadas a administrar justicia.

Igual, exhortó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, también solicitó al director del Cicpc, Douglas Rico y al jefe de la Redip-Guayana, Jesús Teresen Romero, para que intervengan ante los acosos de funcionarios a su mando.

Advirtió que no se quedará de brazos cruzados, además, aseguró que no perderá lo que por derecho le corresponde a sus hijos, “actuare hasta las últimas consecuencias y todas aquellas personas que están involucradas en la compras de mis bienes, tendrán que rendir cuenta a la verdadera justicia”, acotó.

Bladimir Martínez Ladera

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