El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó este jueves que validó el proyecto de reforma parcial de la ‘Ley contra el Odio’ —criticada como un instrumento de persecución contra la oposición y cuya derogación solicitan diversas ONG—, dando luz verde para que el Parlamento la someta a debate.
A través de una sentencia de la Sala Constitucional publicada en su sitio web, el máximo tribunal declaró la conformidad constitucional del proyecto, «a fin de que se continúe el proceso legislativo para su discusión y aprobación» en la Asamblea Nacional.
Un balance de más de 900 procesados
Desde la aprobación de esta norma en 2017, al menos 927 personas en Venezuela han sido acusadas bajo el cargo de «incitación al odio», según datos difundidos por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente a solicitud del entonces presidente Nicolás Maduro, tras la ola de protestas que sacudió al país ese año.
Penas severas y denuncias de persecución
La legislación contempla penas de hasta 20 años de cárcel contra los denominados «delitos de odio». Su aplicación ha sido constantemente cuestionada por defensores de derechos humanos y organizaciones como Espacio Público, que han denunciado su uso para castigar expresiones críticas y posturas disidentes frente al poder.
Solicitud de revisión desde el Ejecutivo
El proceso de reforma parcial avanza luego de que en septiembre pasado la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitara su revisión al Parlamento, presidido por Jorge Rodríguez.
Durante dicha solicitud, la mandataria reconoció abiertamente que las autoridades habían aplicado de forma indebida y abusiva esta legislación en el pasado, coincidiendo con los señalamientos sostenidos durante años por la oposición y diversas ONG.
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