El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su Sala Constitucional, validó el Decreto N.º 5.443, medida firmada por Delcy Rodríguez y que extiende por otros 60 días el «Estado de Excepción y Emergencia Económica» en toda Venezuela.
Los magistrados determinaron que la decisión «respeta» el artículo 338 de la Carta Magna. Según el TSJ, este marco jurídico busca «resguardar el aparato productivo y proteger la economía nacional frente a situaciones extraordinarias».
Originalmente, la medida se declaró a través del Decreto N.º 5.414 de fecha 8 de agosto de 2026 (publicado en Gaceta Oficial N.º 7.066 Extraordinario) hasta el 8 de octubre. Con esta nueva extensión, ahora se mantendrá hasta inicios del mes de diciembre.
El respaldo judicial permite al Ejecutivo nacional mantener la aplicación de acciones financieras e inmediatas. Con este decreto, el Gobierno busca proteger los ingresos de la población, dinamizar la producción y asegurar el funcionamiento de los servicios públicos.
El TSJ ordenó divulgar el fallo completo tanto en la Gaceta Oficial como en sus medios institucionales de difusión. La sentencia le da continuidad al régimen excepcional que la misma Sala Constitucional aprobó en agosto mediante el fallo N.º 824.
Sin embargo, un informe de la ONG Acceso a la Justicia reveló que el estado de emergencia económica opera desde abril de 2025. Una cadena de decretos consecutivos ha mantenido esta medida especial durante más de año y medio.
La organización sostiene que esta práctica «viola el margen de tiempo fijado en el artículo 338 de la Constitución». Dicho apartado solo autoriza un lapso inicial de 60 días y una única prórroga por un periodo idéntico, lo que suma un máximo de 120 días.
El reporte de la ONG contabiliza ocho decretos distintos emitidos por las autoridades desde abril de 2025 para sostener la emergencia. La estrategia ha combinado la emisión de nuevos textos con la renovación constante de los anteriores.
Acceso a la Justicia precisó que el Parlamento únicamente aprobó el primer decreto. Los documentos posteriores carecen del aval de la Asamblea Nacional, aunque la Sala Constitucional del TSJ sí los ratificó legalmente.
«Lo que está en juego no es únicamente la duración de la emergencia económica, sino la utilización de un mecanismo excepcional para concentrar recursos, desplazar controles institucionales y ampliar de forma permanente las facultades del Ejecutivo», advirtió la organización.
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