El Tribunal Supremo de Justicia declaró “que es constitucional el carácter orgánico otorgado a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, pues ésta se adecúa a las características jurídicas que tienen las leyes orgánicas, en cuanto a su forma y contenido”.
Tal decisión está contenida en la sentencia 0315 de la Sala Constitucional, cuya redacción estuvo a cargo de su presidenta, magistrada Gladys Gutiérrez y publicada la mañana de este viernes.
Los magistrados aclaran que le corresponde a la Sala Constitucional declarar si una ley tiene o no carácter orgánico. Y es por ello que la Asamblea Nacional remitió el jueves el texto de la Ley de Extinción de Dominio, una que vez ésta fuera sancionada la tarde de ese día.
Antes de debatir el carácter orgánico de esa ley, los magistrados aclararon que ese tipo de leyes son las que desarrollan principios establecidos en la Constitución. “Tal expresión implica necesariamente el reconocimiento de su posición preeminente frente a otros textos normativos”, dicen los magistrados al explicar la frase “ley orgánica”.
Y efectivamente, la Sala determinó que la Ley Orgánica de Extinción de Dominio tiene por objeto desarrollar preceptos constitucionales “los cuales propugnan como valores superiores del ordenamiento jurídico el patrimonio moral, la ética, el bienestar del pueblo, lo cual es cónsono con la lucha anticorrupción como política pública del Estado y como bandera de la ley que aquí se está analizando”.
La Sala igualmente detectó que la ley analizada “se perfila a coadyuvar en la prevención de las actividades delictivas, especialmente las relacionadas con la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que tienen un impacto negativo sobre la sociedad”.
La Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue propuesta en medio de la Operación Anticorrupción iniciada por el Gobierno el 17 de marzo pasado.
La mencionada operación pretende encauzar penalmente a funcionarios públicos provenientes de la industria petrolera, empresas básicas de Guayana y la estatal Cartones de Venezuela, entre otros. Ya suman 60 los detenidos, según el Ministerio Público.
La Operación Anticorrupción ha implicado el decomiso de bienes que estaban en posesión de personas presuntamente incursas en hechos delictivos ya capturadas e imputadas.
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