El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reestructuró el sistema judicial en materia de terrorismo al suprimir la competencia de cuatro tribunales especializados con sede en Caracas y transferir el conocimiento de estas causas a los juzgados de control en todo el país.
Con esta medida, oficializada mediante una resolución del máximo tribunal, las fases iniciales del proceso por dicho delito las asumirán los juzgados de cada estado, descentralizando un esquema que hasta ahora se concentraba en la capital.
Al respecto, el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, aclaró que la resolución no implica la eliminación de los juzgados antiterroristas, sino la redistribución territorial de sus funciones de control.
Asimismo, Daniels recordó que estas instancias carecen de base legal al crearse por vías sublegales, lo que vulnera el principio de legalidad, por lo que exigió la nulidad de los juicios en curso.
No obstante, valoró de forma positiva que los familiares de las personas procesadas ya no tengan que trasladarse a Caracas durante las etapas preliminares.
Esta reorganización se produce en el marco del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición orientado a concretar reformas institucionales en el sistema de justicia.
Cabe destacar que la imputación del delito de terrorismo aumentó considerablemente tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando la Fiscalía atribuyó de forma masiva este cargo a manifestantes y disidentes.
En ese contexto, juristas como el abogado Joel García han criticado la legislación venezolana por su precariedad y carácter difuso —al abarcar desde atentados hasta fallas en servicios públicos— y por aplicarse de manera homogénea sin individualizar las responsabilidades penales.
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