La Unión Europea (UE) lanzó este viernes la ‘Guía de Acceso a la Información Pública’, un manual integral diseñado con el propósito de instruir a periodistas, investigadores y a la ciudadanía en general sobre los mecanismos legales para obtener datos de interés general en manos de los gobiernos. El estudio y desarrollo de esta herramienta centró sus análisis en los marcos jurídicos de cuatro naciones latinoamericanas: Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.
Durante el acto de presentación celebrado en la capital panameña, la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, defendió la necesidad de promover una ciudadanía crítica, con medios independientes que trabajen bajo un criterio de rigor. Matusz detalló que el documento ofrece pautas precisas para localizar, solicitar y recurrir administrativamente las negativas del Estado, puesto que, si bien estos países cuentan con leyes avanzadas en la materia, aún falta consolidar una cultura política de transparencia real.
El acceso a los datos como rendición de cuentas
El proyecto se inscribe dentro del programa ‘Apoyo a la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD)’, financiado por el bloque europeo. Su coordinador, Xabier Meilán, explicó que el objetivo era confeccionar un compendio claro y didáctico para que el público general comprenda cómo reclamar información custodiada por las instituciones públicas. Para Meilán, esta herramienta resulta indispensable debido a que, en ausencia de datos fidedignos, la sociedad civil carece de mecanismos formales para evaluar y exigir cuentas a los gobiernos sobre el impacto de sus políticas.
La jornada de lanzamiento contó con la intervención virtual de tres de los autores correspondientes a los capítulos regionales: Noelia Esquivel por Costa Rica, Altagracia Salazar por República Dominicana y César Ricaurte por Ecuador. Ricaurte enfatizó ante el foro que el acceso a los registros del Estado no debe concebirse como un mero trámite administrativo o un derecho secundario, sino como una estructura sustancial que sostiene la infraestructura democrática continental.
Experiencias contra la opacidad institucional
La periodista especializada en investigación Sol Lauría, encargada de redactar el capítulo correspondiente al marco regulatorio panameño, expuso las dificultades que enfrenta el gremio periodístico, donde frecuentemente impera la noción de que tramitar estas peticiones resulta inviable ante las evasivas estatales. No obstante, subrayó que la legislación de transparencia ha sido el motor de grandes investigaciones periodísticas que elevaron la calidad del debate público. El manual capitaliza esas experiencias de persistencia institucional compartiendo claves técnicas sobre cómo redactar y presentar las solicitudes.
Finalmente, la presidenta del Fórum de Periodistas de Panamá, Ivette Leonardi, ratificó que la materia prima del periodismo fiscalizador reside en disponer de información pública oportuna y verificable. Leonardi denunció que en el entorno local aún subsisten muros de opacidad sobre fondos públicos, nóminas salariales y licitaciones de infraestructura. Concluyó recordando de manera tajante que el acceso a estos datos no constituye un favor de la burocracia estatal, sino un derecho ciudadano inalienable orientado al control democrático del poder público.
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